El Gobierno reglamentó la Ley 27.826 y modificó las reglas de fiscalización de ARCA, las multas tributarias y el régimen simplificado de Ganancias. La normativa también prevé devoluciones con intereses cuando una impugnación queda anulada y establece sanciones de hasta $7,5 millones por trabajador en determinadas infracciones laborales.
El Gobierno nacional reglamentó la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, que introduce cambios en el sistema tributario argentino y busca brindar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes. La medida fue oficializada mediante el Decreto 1160/2026, publicado en el Boletín Oficial, según los datos difundidos sobre la normativa.
La reglamentación modifica aspectos del Régimen Penal Tributario, la Ley de Procedimiento Tributario y el sistema simplificado del Impuesto a las Ganancias. Entre sus principales ejes se encuentran los procedimientos de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la reducción de determinadas multas y nuevas condiciones para acceder a beneficios impositivos.
ARCA: cambios en las fiscalizaciones y devoluciones
Uno de los puntos centrales de la normativa establece criterios para identificar discrepancias significativas en las declaraciones impositivas. Además, dispone que ARCA deberá acreditar las irregularidades detectadas en el marco de sus actuaciones.
La ley también contempla la devolución de los importes abonados, junto con los intereses correspondientes, cuando una impugnación sea anulada mediante una resolución firme favorable al contribuyente.
En esos casos, el reintegro deberá efectuarse en un plazo máximo de 45 días hábiles, de acuerdo con las condiciones previstas en la normativa.
Menos multas para determinados contribuyentes
Otro de los cambios relevantes es la reducción permanente del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales.
El beneficio alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las personas humanas, las sucesiones indivisas y las entidades sin fines de lucro, siempre que no estén comprendidas en la categoría de grandes contribuyentes nacionales.
Además, se incorpora un régimen excepcional que permite reducir un 50% determinadas multas formales correspondientes a períodos anteriores a la entrada en vigencia de la norma. Para acceder a esta reducción, los contribuyentes deberán cumplir las condiciones de regularización y aceptación de la pretensión fiscal establecidas.
Declaración Jurada Simplificada de Ganancias
La reglamentación también introduce modificaciones en la Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias, aplicable desde el período fiscal 2025.
Los grandes contribuyentes y determinados funcionarios públicos podrán adherir al sistema para presentar y pagar el impuesto. Sin embargo, no tendrán acceso a las presunciones de exactitud ni a los demás beneficios previstos para los contribuyentes que reúnan los requisitos del régimen.
Estas disposiciones establecen diferencias entre la posibilidad de utilizar el sistema simplificado y el acceso a sus beneficios específicos.
Multas de hasta $7,5 millones por trabajador
La normativa también actualiza las sanciones por irregularidades en el registro de trabajadores rurales.
En particular, las multas por omitir completamente la declaración de empleados pueden alcanzar los $7.500.000 por trabajador, con recargos en caso de reincidencia, según las condiciones aplicables.
El cambio refuerza las consecuencias económicas previstas para los empleadores que incumplan las obligaciones de registración laboral.
Qué deben tener en cuenta los contribuyentes
La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal II introduce cambios que pueden afectar tanto a empresas como a personas humanas. Entre los aspectos que conviene revisar se encuentran los criterios de fiscalización de ARCA, los requisitos para acceder a reducciones de multas, las condiciones del régimen simplificado de Ganancias y las obligaciones vinculadas con el registro de trabajadores.
Antes de solicitar un beneficio o regularizar una situación fiscal, es importante verificar los requisitos específicos y los plazos establecidos en las disposiciones oficiales.
En conjunto, la nueva normativa modifica herramientas de control tributario, establece mecanismos de devolución para determinados casos y redefine sanciones y beneficios para distintos grupos de contribuyentes.
