Le robó la identidad a un jubilado y sacó un préstamo por más de $3.700.000

Una mujer aprovechó la confianza de un jubilado, amigo de su familia, para obtener sus datos personales y cambiar la contraseña del home banking. Con esa información, pidió un préstamo de casi cuatro millones de pesos y realizó distintas extraccio
Una mujer aprovechó la confianza de un jubilado, amigo de su familia, para obtener sus datos personales y cambiar la contraseña del home banking. Con esa información, pidió un préstamo de casi cuatro millones de pesos y realizó distintas extraccio

Este jueves, 23 de octubre, la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal (MPF), a cargo del fiscal Diego López Ávila, llevó adelante una audiencia para formalizar la investigación y pedir medidas de coerción contra la acusada por estafa informática. En la audiencia intervino la auxiliar de fiscal Carolina Brito.

Según la investigación, los hechos ocurrieron entre el 24 de octubre y el 9 de noviembre de 2024. Durante ese tiempo, la mujer visitó la casa de un hombre de 70 años, ubicada en pasaje Humberto Primo 441, en la ciudad de Alderetes. Aprovechando la confianza que él le tenía por ser amiga de su hija, le hizo falsas promesas, diciéndole que podía ayudarlo a conseguir un aumento en ANSES.

Con esa excusa, le tomó una fotografía al jubilado y luego la usó sin su consentimiento para validar su identidad y cambiar la contraseña del home banking de su cuenta en el Banco Galicia.

De esa manera, el 30 de octubre de 2024, la mujer pidió un préstamo de $3.796.200.

Después, realizó varias operaciones con ese dinero:

-Una extracción de $1.000.000 en una sucursal del Banco Galicia.

-Una transferencia de $50.000 a otra persona.

-Nuevas extracciones de $560.000 y $440.000 el 1 de noviembre de 2024.

-Además, transferencias a su propia cuenta bancaria entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre de 2024.

En total, causó un perjuicio económico de $3.727.009,49 al jubilado.

La auxiliar de fiscal pidió que se impongan medidas de coerción de menor intensidad por dos meses, para asegurar el avance de la investigación y evitar que la acusada pueda entorpecerla.

Entre los argumentos, se destacó el engaño, la confianza traicionada y el alto daño económico causado a la víctima.

Finalmente, la jueza interviniente aceptó el pedido del MPF y dictó las medidas de coerción por el tiempo solicitado, mientras continúa la investigación.