El Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán resolvió hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por docentes, nodocentes y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), con el patrocinio del gremio ADIUNT.
La medida judicial prohíbe el ingreso no autorizado, el patrullaje y cualquier acto de hostigamiento por parte de la Policía de la provincia en los predios de la casa de altos estudios.
En la resolución, el magistrado remarcó que las fuerzas de seguridad provinciales violaron la autonomía universitaria y el principio de inmunidad jurisdiccional. Tras advertir «fisuras» en los informes remitidos por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura policial, el fallo ordenó el cese inmediato de las detenciones arbitrarias, las filmaciones clandestinas y las prácticas intimidatorias en los accesos y predios de la institución.
Los fundamentos en defensa de la protesta y la autonomía
En los considerandos de la medida, el juez enfatizó que las manifestaciones en defensa del presupuesto y la educación pública constituyen un ejercicio legítimo del derecho constitucional a la protesta y a la reunión pacífica. En tal sentido, ratificó que la policía provincial carece de facultades para realizar requisas, incursiones u operativos preventivos sin una orden expresa de un juez federal.
Desde la conducción de ADIUNT celebraron el fallo judicial a través de un comunicado oficial y destacaron que la resolución fija un límite clave contra la violencia institucional y reafirma la vigencia irrestricta de la intangibilidad del campus universitario.
El origen del conflicto en Filosofía y Letras
La presentación judicial tuvo su origen en dos episodios ocurridos a mediados de octubre en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras, en el marco de reclamos presupuestarios:
15 de octubre: Un agente policial ingresó a las instalaciones y acorraló a un estudiante en los sanitarios, donde lo amenazó y lo intimidó físicamente.
16 de octubre: Cuatro efectivos de la Guardia de Infantería irrumpieron en el establecimiento portando armas de fuego y escudos, y se retiraron únicamente tras el reclamo presencial de una docente.
A pesar de que el decano de la facultad, Sergio Robin, y el ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa, mantuvieron un encuentro para revisar el accionar de los efectivos, los estamentos universitarios resolvieron acudir a la Justicia Federal, que finalmente dictaminó la prohibición de ingreso y acercamiento de las fuerzas locales.
