La supuesta nueva Caja Popular de Ahorros de Tucumán de Osvaldo Jaldo comienza a mostrar señales de poca transparencia.
A pocas semanas de su implementación, documentos oficiales revelan una serie de nombramientos de alto costo, muchos de ellos vinculados directamente al círculo íntimo del poder.
Los interventores Guillermo Norry y Antonio Bustamante avanzaron con designaciones en cargos de confianza bajo la figura de “Asesores de Gabinete”, con remuneraciones equiparables a niveles jerárquicos altos dentro de la estructura estatal.
Sueldos millonarios en cargos transitorios
Entre el 20 y el 25 de febrero de 2026 se autorizaron múltiples nombramientos con salarios que superan los $8 millones mensuales.
Según la documentación interna, los montos por persona oscilan entre $83 millones y más de $101 millones, bajo categorías equivalentes a Subgerente Departamental Nivel 5 y Jefe Principal de Departamento Nivel 6.
Los expedientes —identificados con referencias como 603-360/2026, 665/360/2026 y 639/360/2026— fueron firmados por el gerente general C.P.N. Pablo D. Díaz Sánchez y elevados al Tribunal de Cuentas para su validación formal.
Familia Adentro: el hijo y el sobrino
El dato más sensible es la incorporación directa de familiares del subinterventor Antonio Bustamante.
Su hijo, Esteban Ramiro Bustamante, fue designado con una remuneración equivalente a jefe Principal Nivel 6 por $83.305.190,06.
En paralelo, su sobrino Lucas Manuel Bejar —quien además trabaja en su estudio profesional— fue nombrado Asesor de Gabinete con sueldo equivalente a Subgerente Nivel 5 por $90.365.723,39.
Ambos ingresos se realizaron sin evidencia de concurso público ni proceso de selección abierto.
Una lista larga y un patrón repetido
Las designaciones no se limitan al entorno familiar. También fueron incorporados Silvana Andrea Díaz, Mario Marcelo Moreno, Rosana Yolanda Redondo Torinio, Daniel Denet, Javier Peyrel, Graciela del Valle Dantur, Juan Pablo Rosales, Carlos Francisco Ortiz Soler, Luis Alejandro Medina de la Fuente, Gustavo René Avecilla y Sandra Elizabeth Suasnabar, entre otros.
Cargos políticos, sueldos elevados y ausencia de mecanismos transparentes de selección.
La intervención de la Caja había sido presentada por el gobernador Osvaldo Jaldo como una medida para sanear una institución; a pocos días de su gestión solamente se dedicaron a nombrar los familiares, amigos, vecinos y hasta los perros.
Sin embargo, las nuevas autoridades ponen a punto un esquema de designaciones discrecionales, ahora bajo las orbitas de Guillermo Norry y Antonio Bustamante.
En ese esquema, Bustamante —con vínculos directos con el ministro del Interior Darío Monteros— aparece como una figura clave en la toma de decisiones.
Silencios oficiales y señales preocupantes
Hasta el momento, ni la intervención ni el Gobierno provincial han dado explicaciones públicas sobre estos nombramientos.
En una provincia donde el ajuste se exige hacia abajo, la Caja Popular vuelve a mostrar que el verdadero gasto no se recorta: se redistribuye dentro del poder.
