La Corte Suprema de la Nación pidió la intervención de la Procuración para determinar si debe tratar la demanda que cuestiona la habilitación constitucional del gobernador tucumano para buscar otro mandato en 2027. La oposición pone en discusión el artículo 90 y advierte sobre la acumulación de 16 años consecutivos en los principales cargos del Ejecutivo provincial. Por ahora, la Justicia todavía no resolvió el fondo de la controversia.
La posible reelección de Osvaldo Jaldo en 2027 acaba de sumar un capítulo judicial que puede convertirse en uno de los principales conflictos políticos de Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de la Nación remitió a la Procuración General la demanda presentada por cuatro espacios opositores para que determine si el máximo tribunal tiene competencia para intervenir en el planteo contra el artículo 90 de la Constitución provincial.
La decisión, firmada el lunes 2 de noviembre y conocida este martes, representa un movimiento importante en una disputa que trasciende los intereses partidarios: pone nuevamente sobre la mesa los límites de los mandatos, la alternancia política y la interpretación de las reglas constitucionales.
El pedido de la Corte es concreto: que la Procuración se expida acerca de la competencia del Tribunal. Es decir, todavía no se pronunció sobre la legalidad de una eventual nueva candidatura de Jaldo, pero abrió una instancia de análisis institucional que el oficialismo provincial deberá seguir de cerca.
La oposición cuestiona el artículo 90
La presentación fue impulsada por Cambia Tucumán, el PRO, Fuerza Republicana y CREO. Los partidos solicitaron que se declare parcialmente inconstitucional el artículo 90 de la Constitución tucumana, en el apartado que permite acumular dos períodos consecutivos como vicegobernador y otros dos como gobernador.
El argumento opositor apunta a que esa interpretación permitiría permanecer durante 16 años consecutivos en los dos principales cargos de la fórmula ejecutiva provincial.
Jaldo fue vicegobernador entre 2015 y 2023, durante las dos gestiones de Juan Manzur, y asumió la Gobernación en diciembre de 2023. Si consigue una nueva postulación y resulta electo en 2027, completaría otros cuatro años al frente del Ejecutivo.
Para los demandantes, la alternancia entre ambos cargos no debería utilizarse para reiniciar el cómputo de los mandatos y habilitar una continuidad tan prolongada.
La Procuración tendrá la primera palabra
El dictamen que deberá elaborar la Procuración General no analizará si Jaldo puede o no ser candidato. Su alcance estará limitado a determinar si la Corte Suprema tiene competencia originaria para intervenir en el expediente.
Además, la opinión no será vinculante. Una vez recibido el dictamen, los integrantes del máximo tribunal deberán decidir si aceptan tratar la demanda o si corresponde que la controversia transite primero por la Justicia tucumana.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, ya cuestionó que los partidos opositores hayan acudido directamente a la Corte nacional sin agotar previamente las instancias judiciales provinciales.
Por el momento, no existe un plazo establecido para que la Procuración se expida ni una resolución definitiva sobre la cuestión constitucional.
El antecedente Manzur vuelve a escena
La discusión tiene un antecedente importante. En 2023, la Corte Suprema de la Nación dictó una medida cautelar que frenó la candidatura de Juan Manzur a vicegobernador.
En aquel momento también estaba cuestionado el alcance de las reglas constitucionales sobre la reelección en Tucumán. Sin embargo, luego de que Manzur renunciara a esa candidatura, el expediente quedó abstracto y el máximo tribunal no llegó a emitir una sentencia de fondo sobre el artículo 90.
Ahora, con Jaldo en el centro de la controversia y las elecciones provinciales de 2027 en el horizonte, el debate vuelve a instalarse.
Una disputa que puede marcar el futuro político de Tucumán
La posibilidad de que un gobernador busque continuar en el poder durante otro período consecutivo genera una discusión que excede los nombres propios. El eje está puesto en cómo deben interpretarse los límites constitucionales y qué garantías existen para asegurar la alternancia democrática.
Mientras el oficialismo sostiene que la Constitución provincial habilita una nueva candidatura, los sectores opositores buscan que la Justicia revise esa interpretación.
La Corte todavía tiene que decidir si toma el expediente. Pero una cosa ya está clara: la eventual reelección de Jaldo dejó de ser solamente una discusión política y se convirtió en una controversia constitucional de alcance nacional.
En Tucumán, la pregunta sobre los límites del poder ya llegó a la Corte Suprema. Y la respuesta podría tener consecuencias decisivas para el escenario electoral de 2027.
