El creciente malestar de la sociedad tucumana vuelve a poner bajo la lupa el accionar de jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial.
Cada vez son más los ciudadanos que cuestionan decisiones, comportamientos y actitudes que, lejos de fortalecer la confianza pública, alimentan la sospecha de que la balanza de la justicia no siempre se inclina hacia la verdad.
La pregunta que resuena en las calles es simple: ¿están haciendo honor a la verdad y a la buena administración de justicia? Si el desempeño fuera ejemplar, difícilmente existiría un nivel tan alto de críticas y cuestionamientos por parte de la comunidad.
Los magistrados y fiscales fueron designados para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger los derechos de los ciudadanos y actuar con absoluta independencia.
No para administrar privilegios, favorecer intereses particulares ni convertir la justicia en una herramienta al servicio del mejor postor.
Los tucumanos esperan jueces y fiscales que actúen con transparencia, imparcialidad y valentía, sin presiones políticas, económicas o corporativas. La confianza en las instituciones se construye con hechos, no con discursos.
Cuando quienes ejercen funciones públicas utilizan el poder de sus cargos para perseguir, intimidar o desacreditar a ciudadanos que expresan opiniones o reclaman por sus derechos, la preocupación social se multiplica. La justicia debe ser un refugio para los ciudadanos de bien, no un instrumento para disciplinar voces críticas.
En una provincia golpeada por la crisis y la desconfianza institucional, la demanda es clara: una justicia independiente, transparente y al servicio de todos, no de unos pocos.
