La causa que investiga el uso ilegal de detenidos como mano de obra en El Cadillal sumó un nuevo capítulo este jueves. El juez Eduardo González dictó la prisión preventiva de los sargentos Trejo y Teseira, ambos señalados por su participación en la maniobra que habría beneficiado al ex titular de la Unidad Regional Norte (URN), Gustavo Beltrán, quien ya se encuentra procesado.
Según la investigación de la fiscala Mariana Rivadeneira, Beltrán utilizó durante al menos dos meses a tres condenados por abuso sexual y a dos efectivos policiales para realizar tareas de albañilería en una vivienda ubicada en terrenos fiscales de El Cadillal.
Los sargentos Trejo y Teseira —quienes declararon por recomendación de su defensora, Julieta Jorrat— aportaron detalles clave sobre cómo operaba el esquema de explotación. Sus testimonios permitieron reconstruir el funcionamiento interno del sistema que habilitaba el traslado de los internos a la obra particular.
Avance de la causa y nuevas imputaciones
Con los nuevos elementos incorporados, la fiscala avanzó con acusaciones adicionales. Fue imputado por encubrimiento el ex segundo jefe de la URN, Colario Juárez, recientemente dado de baja por decreto. También quedó comprometido el suboficial Walter Frías, acusado de encubrimiento y falsificación de instrumento público por registrar falsamente que los detenidos eran trasladados a la comisaría de Chuscha, cuando en realidad eran llevados a trabajar a la casa de Beltrán.
El auxiliar fiscal José Lizárraga, en representación del fiscal subrogante José Sanjuán, describió la estructura montada dentro de la URN:
“Se instaló un sistema estable y prolongado en el tiempo para utilizar a detenidos condenados como mano de obra en beneficio de los funcionarios policiales de la plana mayor. Ese sistema tenía tres pilares: un alojamiento clandestino de los penados, el uso de un móvil para trasladarlos a las casas particulares y la falsificación y el silencio funcional de todos los empleados”.
El Ministerio Público no descarta que la situación de Juárez se agrave en los próximos días, ante sospechas de que él mismo habría usado internos para trabajos en su propio domicilio.
La fiscala ya notificó a otros ocho funcionarios policiales que poseen investigaciones abiertas en su contra, por lo que se espera que el expediente siga ampliándose.
La decisión del juez
El MPF solicitó prisión preventiva por cuatro meses para Trejo y Teseira. Las defensas —a cargo de Álvaro Zelarayán (Juárez) y Ernesto Baaclini (Frías)— rechazaron el pedido, aunque Baaclini requirió que, en caso de aplicarse la medida, Frías pudiera cumplirla en su domicilio.
El juez González resolvió hacer lugar parcialmente: dictó tres meses de prisión preventiva y autorizó que Frías cumpla la medida bajo arresto domiciliario.
