El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad generó una profunda preocupación en organizaciones sociales, familias y profesionales del área de la salud. Esta ley representaba no solo una herramienta legal, sino también un compromiso del Estado con miles de personas que viven con algún tipo de discapacidad —ya sea motriz, sensorial o mental— y que hoy enfrentan una creciente desprotección.
La normativa buscaba garantizar la continuidad de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), asegurando que el Estado asuma su mantenimiento y actualización sin poner a las personas afectadas en una situación de vulnerabilidad burocrática o económica. Detrás de un simple papel, se encuentra el acceso a tratamientos, medicación, acompañamiento psicológico y beneficios básicos para una vida digna.
Sin embargo, más allá del aspecto administrativo, el veto pone en evidencia una problemática más profunda: la crisis de la salud mental en Argentina. En el contexto actual de inestabilidad económica, pérdida del poder adquisitivo y angustia social, la salud mental se ha convertido en una de las mayores emergencias silenciosas del país.
Cada vez son más los adultos mayores que padecen cuadros depresivos por sentirse excluidos o sin apoyo, y jóvenes que enfrentan ansiedad, estrés y desesperanza ante un futuro incierto. Este fenómeno no es exclusivo de Argentina: durante la pandemia, países como Japón vivieron una ola de suicidios —especialmente entre jóvenes— que llevó al gobierno a crear un Ministerio de la Soledad, tras detectar que el aislamiento y la falta de contención emocional derivaban en tragedias evitables.
En nuestro país, los suicidios están en aumento, y ya no pueden ser ignorados por la clase política. Es alentador que algunos dirigentes comiencen a incluir la salud mental en su discurso, pero la realidad exige acciones concretas, no promesas de campaña.
Es fundamental que el Estado asuma un rol activo, creando equipos interdisciplinarios de contención y prevención, con presupuesto real y políticas federales que lleguen a cada rincón del país. La salud mental debe dejar de ser un tema tabú o secundario, y pasar a ocupar el lugar que merece: el de una cuestión de salud pública urgente y curable, siempre que exista acompañamiento, empatía y voluntad política.
El veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad no es solo una decisión administrativa: es un llamado de atención. La inclusión, la empatía y la salud mental no pueden depender del humor económico ni del calendario electoral. Son derechos humanos esenciales, y el Estado tiene la obligación de garantizarlos.
