La crisis golpea de lleno a los hogares tucumanos, pero en los despachos oficiales la billetera parece funcionar a otro ritmo. Mientras una familia debe desprenderse hasta de su bicicleta para poder pagar la boleta de luz, el Gobierno provincial vuelve a poner millones de pesos sobre la mesa en concepto de subsidios.
Esta vez, el beneficiario es el movimiento “Voces de Barrio”, al que se le otorgó un subsidio por $29.420.000.
El dato surge del Expediente N.º 859/200-M-2026 y del Decreto N.º 1.887/14, mediante el cual se dispone: “Otorgase un subsidio al movimiento ‘VOCES DE BARRIO’ por la suma total de $29.420.000”.
La cifra resulta difícil de ignorar en un contexto donde miles de tucumanos hacen malabares para llegar al día 15 del mes ni hablar a fin de mes, recortan gastos esenciales y enfrentan facturas de servicios que cada vez pesan más sobre los ingresos familiares.
¿Cuál es la razón del subsidio?
¿Por qué se entregan casi $30 millones de pesos de fondos públicos a este movimiento y cuál es el destino concreto del dinero?
Si existe un programa, una actividad o una finalidad específica que justifique semejante desembolso, el Gobierno debería explicarlo con absoluta claridad. Los fondos públicos no son propiedad de los funcionarios: son recursos de todos los tucumanos.
La discusión no pasa solamente por el monto. Pasa por la transparencia, la necesidad, los criterios utilizados para seleccionar beneficiarios y la rendición de cuentas.
Porque mientras desde el Estado se firman decretos por millones, del otro lado de la calle está el tucumano que mira la factura de electricidad y tiene que decidir qué vende, qué deja de comprar o qué deuda contrae para poder pagarla.
Dos realidades, una misma provincia.
La imagen es brutalmente contradictoria: un tucumano de a pie desprendiéndose de sus bienes para afrontar los gastos básicos, mientras desde el Estado se distribuyen subsidios millonarios.
¿Dónde están las prioridades?
En una provincia donde cada peso cuenta, $29.420.000 no es una cifra menor. Es dinero que sale del bolsillo de los contribuyentes y, por eso mismo, merece explicaciones públicas, detalladas y verificables.
La sociedad tucumana tiene derecho a saber quién recibe los subsidios, para qué se entregan, bajo qué criterios y cómo se controla que cada peso llegue efectivamente al destino declarado.
Porque cuando al ciudadano común le toca pagar, el Estado no le pregunta si puede.
Pero cuando se trata de repartir millones, parece que la pregunta fuera otra: ¿A quién le toca esta vez?
