Durante la segunda quincena de agosto y los primeros días de septiembre se multiplicaron los conflictos entre PAMI y prestadores de salud en distintos puntos del país, en un escenario marcado por reclamos por atrasos en los pagos y aranceles que quedaron por debajo de la evolución de los costos.
En Concordia, Entre Ríos, unos 15.000 afiliados quedaron sin cobertura privada tras la ruptura del convenio con el principal sanatorio de la ciudad. En la Patagonia, un paro de 24 horas afectó la atención programada de unos 300.000 jubilados.
A su vez, sanatorios y clínicas del AMBA, Córdoba, Mendoza y San Juan suspendieron durante 48 horas turnos, cirugías y prácticas diagnósticas. Los centros de diálisis también advirtieron sobre dificultades que podrían afectar la continuidad de tratamientos.
En Catamarca, el Colegio de Farmacéuticos señaló problemas para reponer medicamentos con cobertura total debido a demoras en las liquidaciones. Médicos de cabecera y especialistas reclaman actualización de honorarios y cápitas, mientras clínicas y sanatorios piden mejoras en los valores de internación y en la provisión de insumos de alta complejidad, como prótesis y marcapasos.
El conflicto se vincula con un desfasaje entre los recursos de PAMI y el aumento de los costos sanitarios, en un contexto de mayor demanda de medicamentos, internaciones y tratamientos complejos por el envejecimiento de la población.
A esta situación se suma la política fiscal del Gobierno nacional y la reducción de recursos provenientes de determinados tributos. El Impuesto PAIS, vigente hasta el 23 de diciembre de 2024, no estaba destinado exclusivamente a PAMI, aunque formaba parte de los recursos generales del Estado. El Presupuesto 2025 contempla una recaudación de cero por ese concepto.
La normativa que regula al organismo establece, además, el carácter intangible de los recursos destinados al cumplimiento de sus prestaciones. Mientras tanto, los reclamos de prestadores y las dificultades de atención se extienden por distintas regiones del país.
