La provincia de Catamarca atraviesa desde hace años una profunda crisis de confianza pública. Las causas vinculadas a estafas financieras, el caso Adhemar Capital, los vínculos de sectores del poder político con empresarios investigados y el rol de la Justicia Federal colocaron a la opinión pública frente a una pregunta incómoda:
¿Quién informa y quién opera?
En ese contexto aparece el diario El Ancasti, uno de los medios de mayor influencia de Catamarca, señalado por distintos sectores críticos como una herramienta comunicacional funcional al poder político provincial. Según estas denuncias, el medio no actuaría solamente como un diario informativo, sino como un dispositivo de presión, disciplinamiento y construcción de sentido para instalar miedo, confusión y relatos convenientes al poder.
Este informe parte de una hipótesis periodística concreta: El Ancasti habría construido una línea editorial destinada a proteger determinados intereses políticos, judiciales y económicos, mientras desacredita, confunde o debilita a las víctimas y a quienes impulsan investigaciones profundas.
Debe aclararse que muchas de estas afirmaciones forman parte de denuncias, señalamientos públicos e hipótesis que deberían ser investigadas institucionalmente. La gravedad de los hechos mencionados exige prudencia, pero también exige no mirar para otro lado.
EL DUEÑO DEL MEDIO Y LA SOMBRA DEL PODER POLÍTICO
Uno de los puntos centrales que se señalan es la figura de Silvestre Zittelli, identificado públicamente como propietario del diario El Ancasti. En distintos espacios periodísticos y de opinión fue mencionado como un empresario con vínculos de cercanía con sectores del poder político catamarqueño, especialmente con el entorno del gobernador Raúl Jalil. En publicaciones críticas recientes se lo presentó incluso en relación directa con el gobernador, en el marco de cuestionamientos al rol editorial del medio.
La existencia de un medio poderoso, con llegada masiva, presuntamente vinculado al oficialismo provincial, abre un debate central:
¿Puede un diario informar libremente cuando sus intereses empresariales, políticos o jurídicos podrían estar entrelazados con quienes deben ser investigados?
La pregunta no es menor. En una provincia chica, donde los poderes se conocen, se cruzan y muchas veces se protegen, un medio de comunicación puede transformarse en mucho más que un diario: puede convertirse en un brazo informal del poder.
EL PUNTO MÁS DELICADO: EL ABOGADO COMPARTIDO
El eje más sensible del entramado aparece alrededor del abogado Ricardo Angelina.
Según denuncias públicas, Angelina sería abogado del diario El Ancasti y, llamativamente, también habría actuado como abogado de Edgar Adhemar Bacchiani, principal acusado en la causa Adhemar Capital. Esa doble representación, de confirmarse en todos sus extremos, plantea un evidente problema de transparencia pública: el medio que informa sobre una causa de enorme impacto social compartiría abogado con el principal acusado de esa misma causa.
A ello se suma otro dato todavía más delicado: distintos señalamientos públicos vinculan a Ricardo Angelina con una relación de cercanía o amistad con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, funcionario encargado de investigar parte de la causa contra Bacchiani. Medios provinciales recogieron declaraciones en las que se afirmó que Angelina sería amigo íntimo de Vehils Ruiz y abogado tanto del diario como de Bacchiani.
La situación se vuelve aún más grave si se considera la denuncia de que un hijo de Ricardo Angelina trabajaría en el Tribunal Oral Federal que debe enjuiciar al cliente de su padre. Este dato, por su gravedad institucional, debería ser aclarado formalmente por las autoridades judiciales correspondientes, porque no se trata de una cuestión menor: involucra confianza pública, independencia judicial, apariencia de imparcialidad y posibles conflictos de interés.
EL ANCASTI Y LA CAUSA ADHEMAR CAPITAL
La causa Adhemar Capital sacudió a Catamarca y trascendió incluso al plano nacional.
Medios nacionales informaron desde 2022 sobre las sospechas alrededor de la financiera y sus vínculos con sectores del poder provincial. Clarín publicó que la investigación por una presunta estafa piramidal salpicaba al gobierno de Catamarca, mientras que La Nación informó sobre vínculos del entorno del gobernador Raúl Jalil con la empresa investigada.
En ese escenario, El Ancasti cubrió sistemáticamente la causa Bacchiani, publicó declaraciones de fiscales y jueces federales y presentó distintos movimientos judiciales como avances institucionales. Por ejemplo, informó que el juez federal Miguel Ángel Contreras había solicitado expedientes de otras provincias para acumular causas contra Bacchiani, y también publicó que los fiscales Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz entendían que debían intervenir por haber iniciado una pesquisa en 2020.
Sin embargo, los sectores críticos sostienen que esa cobertura habría sido parcial, selectiva y funcional a una estrategia mayor: mostrar actividad judicial mientras se evitaba profundizar en los vínculos más sensibles con el poder político, económico y mediático.
LAS CUATRO ESTRATEGIAS ATRIBUIDAS A EL ANCASTI
PEGAR Y SALIR
La primera estrategia atribuida al medio es la de “pegar y salir”.
Consistiría en instalar una afirmación, una sospecha o una versión determinada, publicarla varias veces durante un período breve y luego dejar de hablar del tema. El objetivo no sería demostrar la verdad de lo publicado, sino sembrar una idea en la opinión pública.
El mecanismo sería simple: se lanza una versión, se repite, se deja instalada y luego se abandona. Cuando el poder necesita volver a utilizar esa construcción, el medio la reactiva como si se tratara de un antecedente probado.
Este tipo de maniobra es especialmente grave en causas penales con víctimas, porque puede condicionar el clima social, debilitar reclamos legítimos y convertir a denunciantes o querellantes en sospechosos ante los ojos de la población.
SEÑALAR CULPABLES FUNCIONALES PARA GENERAR CONFUSIÓN
La segunda estrategia sería señalar como responsables a determinados actores menores, laterales o convenientes, para evitar que la mirada pública llegue hasta los verdaderos sectores de poder.
En la causa Adhemar Capital, esta maniobra habría tenido un objetivo concreto: generar confusión para que no se investigue a fondo a los presuntos socios políticos, económicos y financieros de Bacchiani.
Dentro de esa hipótesis aparece una referencia directa al llamado “tronco Jalil”, expresión utilizada por sectores críticos para referirse a los vínculos del poder provincial con personas o estructuras que, según denuncias públicas, deberían haber sido investigadas con mayor profundidad.
La pregunta de fondo es contundente: ¿por qué la narrativa pública se concentró en algunos nombres y no avanzó con la misma intensidad sobre los vínculos más sensibles con el poder político de Catamarca?
TIRAR BOMBAS DE HUMO
La tercera estrategia atribuida al medio es la de “tirar bombas de humo”.
Según esta mirada, cuando surge un hecho institucional grave, la cobertura mediática desplazaría el eje central hacia cuestiones secundarias para evitar que la responsabilidad política llegue hasta arriba.
Un ejemplo señalado es el rol de la Fiscalía de Estado de Catamarca. La crítica sostiene que, frente a situaciones donde esa institución habría beneficiado directa o indirectamente a Bacchiani, El Ancasti evitaría mencionar con fuerza que la Fiscalía de Estado depende del gobierno provincial y, por lo tanto, políticamente del gobernador Raúl Jalil.
La acusación es aún más fuerte: se sostiene que el mismo Raúl Jalil habría otorgado tiempo atrás un millonario subsidio vinculado a Adhemar, lo que debería ser investigado para determinar si existió una maniobra destinada a construir la idea de que Bacchiani estaba sin fondos y así facilitar una estrategia de quiebra fraudulenta.
Esta hipótesis, por su gravedad, requiere investigación documental, judicial y administrativa.
Pero el punto periodístico es claro: si un medio omite sistemáticamente al máximo responsable político de las áreas involucradas, la cobertura deja de ser investigación y empieza a parecer blindaje.
MOSTRAR COMO HONESTA A LA JUSTICIA FEDERAL
La cuarta estrategia sería presentar a la Justicia Federal de Catamarca como una estructura honesta, incansable y eficaz en la persecución de los estafadores.
En esa línea, El Ancasti publicó notas donde se destaca el trabajo del juez federal Miguel Ángel Contreras y de fiscales federales como Santos Reynoso y Rafael Vehils Ruiz en distintas etapas de la causa Bacchiani. También informó sobre pedidos de elevación a juicio y avances procesales promovidos por la Fiscalía.
Pero los sectores críticos sostienen exactamente lo contrario: que gran parte de la Justicia Federal de Catamarca no habría perseguido a los estafadores con la profundidad debida, sino que se habría limitado a administrar la causa sin tocar los intereses más pesados.
La denuncia política y periodística es dura: mientras se exhibían actos judiciales como si fueran grandes avances, las víctimas veían cómo los verdaderos vínculos económicos, políticos y mediáticos quedaban en la sombra.
UN MEDIO CONTRA LAS VÍCTIMAS
Desde esta perspectiva, El Ancasti no sería simplemente un diario oficialista. Sería, según sus críticos, un medio enemigo de las víctimas, porque en lugar de empujar el esclarecimiento integral de la causa, habría contribuido a confundir, presionar y condicionar la lectura social de los hechos.
La acusación más grave es que el medio estaría “ensobrado por el Gobierno”, expresión utilizada para denunciar una supuesta dependencia económica, política o editorial del oficialismo provincial. Esa afirmación, por su contundencia, debería ser investigada con datos concretos: pauta oficial, contratos, sociedades, vínculos comerciales, publicidad estatal y relaciones empresariales.
Pero el planteo de fondo es válido como pregunta periodística:
¿Puede un medio controlar al poder si depende del poder?
¿Puede investigar a un gobierno si recibe beneficios del mismo gobierno?
¿Puede informar sobre una causa si comparte abogado con uno de los principales acusados?
LA NECESIDAD DE INVESTIGAR LOS CONFLICTOS DE INTERÉS
Este informe no busca reemplazar a la Justicia. Busca señalar una serie de hechos, vínculos e hipótesis que merecen investigación institucional.
Los puntos que deberían ser aclarados son concretos:
1. Cuál es el vínculo real entre Silvestre Zittelli, El Ancasti y el gobierno de Raúl Jalil.
2. Si Ricardo Angelina actuó simultáneamente como abogado del diario El Ancasti y de Edgar Adhemar Bacchiani.
3. Cuál es la naturaleza de la relación entre Ricardo Angelina y el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz.
4. Si el hijo de Angelina trabaja o trabajó en el Tribunal Oral Federal que debe intervenir en el juicio contra el cliente de su padre.
5. Qué rol tuvo la Fiscalía de Estado en decisiones que pudieron beneficiar a Bacchiani.
6. Por qué determinadas líneas de investigación vinculadas al poder político y económico no avanzaron con la misma fuerza que otras.
El caso Adhemar Capital no es solamente una causa de estafa. Es una radiografía del poder en Catamarca.
Allí aparecen víctimas que reclaman justicia, empresarios sospechados, funcionarios cuestionados, fiscales bajo la lupa, jueces observados, abogados con múltiples vínculos y medios de comunicación acusados de operar más que informar.
En ese mapa, El Ancasti ocupa un lugar central. No por lo que publica solamente, sino también por lo que calla, por lo que repite, por lo que instala y por lo que evita investigar.
La sociedad catamarqueña tiene derecho a saber si uno de sus medios más influyentes informa con independencia o si actúa como una herramienta de manipulación, presión y miedo al servicio del poder.
Porque cuando un diario deja de controlar al poder y empieza a protegerlo, ya no cumple una función democrática. Cumple una función de blindaje.
Y cuando ese blindaje se utiliza contra las víctimas, el periodismo deja de ser periodismo.
Se convierte en parte del problema.
