El reciente informe del Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Ministerio de Seguridad de la Nación expone una realidad alarmante para la seguridad vial en Tucumán: pese a una leve reducción interanual del 7,37% en víctimas fatales entre 2023 y 2024, la provincia continúa siendo el foco de una crisis sanitaria y de gestión pública en el NOA.
Con 233 muertes viales registradas en 2024, Tucumán no solo lidera en términos absolutos frente a jurisdicciones vecinas como Salta (140), Santiago del Estero (152) y Jujuy (91), sino que presenta una tasa de mortalidad de 13,1 cada 100.000 habitantes, colocando a la provincia entre las cuatro más mortíferas del país.
El informe muestra que el 64,8% de las víctimas fatales en Tucumán circulaban en motocicleta o ciclomotor, muy por encima de la media nacional (46,7%).
Ese porcentaje no es un dato estadístico neutro: refleja una mezcla letal de vulnerabilidad vehicular, falta de controles, precariedad en la infraestructura y una respuesta institucional insuficiente para proteger a quienes usan las dos ruedas como medio habitual de transporte.
Algunos elementos del diagnóstico que exigen intervención urgente:
Perfil demográfico: la mayor parte de las víctimas son varones jóvenes (el grupo de 20 a 34 años concentra el 32,2% de los fallecidos a nivel nacional). Esto enfatiza la pérdida de capital humano y productivo en etapas centrales de la vida laboral.
Temporalidad y condiciones: casi la mitad de los siniestros ocurre en horario nocturno y un 41,2% en fines de semana, momentos en los que la combinación de menor visibilidad, fatiga, consumo de alcohol y menor presencia de controles incrementa la letalidad.
Tipo de vías y modos: la calle urbana es escenario del 35,8% de las muertes y las colisiones vehículo contra vehículo explican más de la mitad de los decesos. Estas cifras apuntan tanto a deficiencias en el diseño urbano y señalización como a conductas viales riesgosas y escasa fiscalización.
Lesiones no fatales: aunque las lesiones culposas disminuyeron un 14,5% (4.609 casos en 2024), la magnitud del daño sigue siendo elevada y exige políticas preventivas integrales.
La respuesta oficial debe ser contundente y orientada a resultados medibles. Más allá de la validez técnica del SAT —herramienta valiosa y homologada por procesos evaluados por la UNODC—, la lectura que deben hacer las autoridades provinciales es clara: no alcanza con celebrar una baja porcentual menor; la prioridad debe ser reducir drásticamente la exposición y la letalidad de quienes circulan en moto y recuperar la seguridad vial como política pública integral.
Propuestas urgentes y concretas que el Estado provincial debe implementar sin dilaciones:
Operativos de control focalizados y permanentes: casco reglamentario, documentación y límites de velocidad, con especial énfasis en horarios nocturnos y fines de semana.
Capacitación y formación obligatoria para conductores de motovehículos, vinculada a la renovación de licencias y con programas específicos para jóvenes.
Intervenciones en infraestructura: priorizar la reparación y señalización de calles urbanas de mayor siniestralidad, crear superficies y rutas seguras para motos y mejorar la iluminación pública.
Políticas de acceso a la movilidad segura: incentivos para la adquisición de elementos de protección homologados y programas de financiación para motocicletas con mejores estándares de seguridad.
Campañas sostenidas de comunicación y prevención dirigidas a los grupos de mayor riesgo, coordinadas con municipios, universidades y empresas.
Monitoreo y evaluación transparente: utilizar los datos del SAT para fijar metas anuales claras y publicar reportes de avance accesibles a la ciudadanía.
No es suficiente remitirse a la técnico-administración de datos
La sociedad tucumana exige y merece políticas públicas decididas que traduzcan la información en acciones que salven vidas. La reducción del 7,37% es un dato positivo, pero irrelevante si la provincia sigue liderando en números absolutos y porcentajes de víctimas motorizadas. Sin una reacción institucional firme, continuaremos viendo cómo jóvenes y trabajadores siguen pagando con su vida la falta de prioridades en la agenda pública.
