La percepción de impunidad es el fertilizante más potente para el discurso de odio. Cuando un medio sabe que el fiscal no lo acusará y que el gobierno lo seguirá financiando, la ética periodística desaparece para dar paso al sicariato mediático.
En las últimas horas, una publicación del portal del periódico “El Tucumano” ha encendido las alarmas sobre los límites del ejercicio periodístico y la preocupante infiltración de retóricas discriminatorias en el debate público. Bajo el título «Condecoración sionista …», el artículo no solo cuestiona la ética de un magistrado de la Corte Suprema local, sino que se sumerge en un terreno peligroso: el de la incitación al odio y la utilización de tropos antisemitas.
Es legítimo, y hasta necesario en una democracia, que la prensa escrute la conducta de sus jueces y políticos.
En este contexto el decoro y la imparcialidad de los miembros de la Corte Suprema deben estar siempre bajo la lupa ciudadana. Sin embargo, lo que se observa en la pieza periodística de él “El Tucumano” no es un análisis jurídico sobre la idoneidad del juez Daniel Posse, sino una operación de estigmatización.
Al utilizar términos como «genocidio»(25 veces) y «régimen» para calificar una distinción otorgada por organizaciones civiles de la comunidad judía, el artículo recurre a la culpabilidad por asociación. El mensaje implícito es tan claro como violento: cualquier vínculo con la identidad o las instituciones sionistas —que representan la autodeterminación del pueblo judío— es sinónimo de complicidad criminal.
El texto incurre en lo que la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) —cuyos estándares han sido adoptados por la República Argentina— define como conductas antisemitas. Al señalar al magistrado por su cercanía a instituciones judías y sugerir una suerte de «doble lealtad» o traición a los valores internacionales, el medio revive mitos conspirativos que históricamente han precedido a la persecución de minorías.
El uso de la palabra «sionista» (54 veces) como un insulto o un estigma penal no es periodismo; es propaganda discriminatoria.
En un contexto global de tensiones extremas, importar conflictos internacionales para marcar a ciudadanos locales por sus afinidades culturales o religiosas es una irresponsabilidad que roza el delito de odio tipificado en nuestra Ley Antidiscriminatoria 23.592.
La responsabilidad del comunicador
Mientras la comunidad judía celebra el paso de la servidumbre a la libertad, el discurso mediático del medio El medio periodístico “El Tucumano” intenta imponer una nueva forma de «señalamiento» que recuerda a las épocas más oscuras de la intolerancia.
La libertad de prensa no es un cheque en blanco para deshumanizar.
Al tildar a un funcionario de «promotor de genocidios» por un acto protocolar, se está incitando a una reacción social que trasciende la crítica: se está señalando un objetivo para el odio público.
Como sociedad, debemos exigir un periodismo que denuncie la corrupción y el mal desempeño con pruebas, no con prejuicios.
Cuando un medio de comunicación se convierte en plataforma para el señalamiento basado en el origen, la religión o la identidad política de las instituciones con las que un individuo se relaciona, el que termina en el banquillo de los acusados es el propio sistema democrático.
La discriminación disfrazada de «actualidad» no solo daña la reputación de los individuos; envenena la convivencia social. Es hora de que el debate en Tucumán recupere la altura técnica y el respeto humano, dejando de lado las consignas que, bajo el velo de la indignación, solo buscan propagar intolerancia.
Pauta, Poder y Privilegios: La «Escuela de Goebbels» en el Jardín de la República
Para comprender por qué un medio de comunicación se aventura a lanzar acusaciones de «genocidio» (25 veces) contra un magistrado o a estigmatizar identidades políticas y religiosas con total soltura, no basta con mirar el texto. Es necesario seguir el rastro del dinero y las alianzas de alcoba institucional. En Tucumán, ese rastro conduce invariablemente a dos cajas: la pauta publicitaria discrecional y el Ministerio Público Fiscal.
El sostenimiento económico del medio periodístico “El Tucumano” no proviene de una audiencia cautiva que paga por información, sino de un flujo constante de fondos públicos que fluyen bajo el concepto de «propaganda».
Como revelan datos publicados en el Boletín Oficial de Tucumán sobre pagos efectuados en materia de pauta oficial que son permanentemente cuestionados por el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El medio periodístico “El Tucumano” ha sido beneficiario de montos que escandalizan por su desproporción respecto a su impacto real, funcionando más como un órgano de difusión paraestatal que como un diario independiente.
Esta inyección de dinero público cumple una función dual, por un lado, riega con millones a los medios amigos y se utiliza el poder del Estado para ahogar económicamente a las voces críticas.
El medio entiende que su supervivencia depende de la voluntad política. Esto genera una relación de «adoración» hacia quienes firman los cheques, adoptando una propaganda que recuerda a las tácticas de Joseph Goebbels: la repetición de una mentira hasta que se convierta en verdad y la creación de enemigos públicos para distraer de las falencias del gobierno.
El «Sifón» de Información de Pirincho Jiménez
Sin embargo, el dinero es solo la mitad del blindaje. El verdadero «seguro de vida» del medio parece estar en su acceso irrestricto a la cocina del Ministerio Público Fiscal (MPF), comandado por Edmundo «Pirincho» Jiménez.
«La relación entre el jefe de los fiscales y el medio ha creado un fenómeno de «periodismo de legajo».
Es frecuente que el medio periodístico “El Tucumano” publique primicias y suele acceder a datos de causas judiciales antes que los propios abogados defensores. Esta filtración selectiva permite que el medio «condene» socialmente a los adversarios políticos de Jiménez antes de que pisen un tribunal.
Al sentirse protegidos por el hombre que maneja a todos los fiscales de la provincia, los redactores del medio actúan bajo la premisa de que «nada les va a pasar». Esta protección judicial actúa como un chaleco antibalas mediático: pueden difamar, discriminar y atacar la honra de un juez de la Corte o de cualquier ciudadano, sabiendo que las denuncias en su contra terminarán en el fondo de un cajón o serán desestimadas por fiscales que responden verticalmente a su jefe.
El Círculo del Odio y la Impunidad
Cuando combinamos la pauta millonaria con la impunidad judicial, el resultado es un monstruo comunicacional. El ataque al juez Posse por un reconocimiento de la comunidad judía no es un hecho aislado; es una demostración de fuerza. El mensaje para la sociedad es: «Si podemos atacar a un miembro de la Corte Suprema con retórica antisemita y acusaciones de lesa humanidad sin sufrir consecuencias, imaginen lo que podemos hacer con ustedes».
Esta simbiosis entre el MPF de Jiménez y la redacción del periódico “El Tucumano” representa la degradación máxima de las instituciones tucumanas. Ya no se trata de informar, sino de administrar el miedo y el odio con fondos que pagan todos los tucumanos, bajo el amparo de quien debería velar por la legalidad, pero que parece preferir el rol de mentor en la sombra de un aparato de propaganda infame.
Para que la paz sea algo más que una palabra en un papel debe cimentarse en el respeto humano y no en el «veneno» de la estigmatización.
Un entorno social saludable requiere que la «libertad de prensa» no se use como un «cheque en blanco para deshumanizar», sino como una herramienta para buscar la verdad con «pruebas» y no con «prejuicios».
Al final, la verdadera paz surge cuando elegimos la decencia y la imparcialidad sobre el «discurso de odio», permitiendo que la sociedad transite plenamente de la «servidumbre a la libertad.
