Durante el encuentro, Lebbos presentó una denuncia formal contra el Ministerio Público Fiscal (MPF) conducido por Edmundo «Pirincho» Jiménez. En el documento entregado al ministro, se califica el accionar de la justicia tucumana como una «grave y sistemática violación a los derechos humanos».
Ante este escenario, se solicitó formalmente que el Programa Nacional de Lucha Contra la Impunidad (Pronalci) realice una «compulsa y veeduría» en la provincia.
El objetivo principal, es «poner luz sobre las causas paralizadas» y determinar la responsabilidad de los fiscales en la falta de avances en expedientes críticos.
Reformas contra la impunidad de los funcionarios
Lebbos, en representación de una mesa de trabajo que nuclea a familiares de víctimas de todo el país, elevó propuestas para reformar el Código Penal.
El planteo central busca que los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones «sean declarados imprescriptibles».
Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de un «agravamiento de las penas» y en la quita de privilegios para quienes resulten condenados por encubrimiento o mal desempeño.
Lebbos fue enfático al pedir que estos exfuncionarios, «tal como sucede con los condenados por delitos de lesa humanidad, pierdan sus beneficios jubilatorios».
El caso Paulina como evidencia del encubrimiento
Como respaldo a la solicitud, se entregó un resumen detallado de la causa por el crimen de Paulina Lebbos, señalada como el ejemplo máximo de la impunidad estructural. En el escrito se resalta que las condenas por encubrimiento aplicadas a exjefes de policía y funcionarios de seguridad fueron «especialmente bajas».
La denuncia subraya la indignación de las familias al ver que «algunos de los condenados ya se encuentran cobrando sus respectivas jubilaciones», un hecho que refuerza el pedido de que la Nación evalúe de cerca el desempeño de la justicia tucumana bajo la conducción de Jiménez.
