El vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Mario Rodolfo Leal, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación luego de que avanzara una investigación judicial que derivó en el procesamiento del abogado Luis Alejandro Ontiveros, acusado de presunto tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas.
La presentación fue realizada por el abogado Juan Andrés Robles, representante de Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, quien solicitó que el organismo encargado de controlar la conducta de los magistrados evalúe la actuación del camarista.
Según el escrito, el desarrollo de la causa penal permitió incorporar elementos que, a criterio de la querella, podrían comprometer la conducta del juez federal.
«La investigación ha permitido reunir elementos de convicción de extraordinaria gravedad que no solo corroboran los hechos denunciados, sino que además proyectan la posible participación del Dr. Mario Rodolfo Leal en conductas reñidas con el correcto desempeño de su función pública», sostiene la presentación.
Entre los argumentos expuestos, se menciona la existencia de una estrecha relación entre Ontiveros y personas que se desempeñan dentro del ámbito de la Cámara Federal. La denuncia señala que la esposa del abogado trabaja como relatora del magistrado y que dos hermanos del imputado cumplen funciones como secretarios privados en la vocalía de Leal.
La querella también vinculó al camarista con decisiones adoptadas en una causa por lavado de activos que involucra al hijo del denunciante, al considerar que determinados fallos y actuaciones judiciales deben ser investigados a la luz de los nuevos elementos incorporados al expediente.
Uno de los aspectos centrales del planteo está relacionado con información obtenida durante las pericias realizadas sobre el teléfono celular de Ontiveros. Según la denuncia, allí se hallaron anotaciones, referencias a expedientes judiciales y datos que podrían indicar acceso a información reservada del ámbito judicial.
Además, el escrito menciona capturas de pantalla, registros de acceso y documentos que, según la querella, demostrarían el conocimiento anticipado de movimientos procesales y la existencia de vínculos con personas que tenían acceso a sistemas internos de la Justicia Federal.
Otro de los puntos destacados es una reunión que forma parte de la investigación judicial y que, según la presentación, habría contado con la participación de Ontiveros utilizando un vehículo oficial asignado al camarista.
Para los denunciantes, todos estos elementos justifican la apertura de una investigación administrativa que permita determinar si existió alguna conducta incompatible con los deberes de independencia, imparcialidad e integridad que exige la función judicial.
«La situación compromete la confianza pública en la administración de justicia y torna necesario promover una investigación para deslindar responsabilidades», concluye la presentación elevada ante el Consejo de la Magistratura.
Ahora será ese organismo el que deberá analizar la denuncia y determinar si corresponde avanzar con medidas de investigación respecto del magistrado tucumano.
