Redacción central de La Pluma Viral.
Un volante que comenzó a circular en Tucumán vuelve a poner bajo la lupa la utilización de organismos públicos para actividades de atención ciudadana que también pueden terminar funcionando como herramientas de construcción política territorial.
El anunciado del “Móvil del ERSEPT” para atender reclamos y consultas sobre las facturas de luz el próximo jueves 8 de octubre, de 9 a 16 horas, en Ricardo Bascary S/N, y asegura que la atención será gratuita y sin turno. El material lleva los nombres del gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo, el ministro del Interior Darío Monteros y el legislador Tomás Cobos, además de identificar a Adrián Quipildor como “referente”.
El interrogante no es menor: ¿dónde termina la atención institucional al usuario y dónde comienza la utilización política de una estructura estatal?
El cuestionamiento cobra mayor relevancia porque el ERSEPT es precisamente el organismo encargado de intervenir ante reclamos vinculados con los servicios públicos. Desde agosto, su interventor es Eduardo “Lalo” Cobos, padre del legislador Tomás Cobos. La designación fue oficializada por el Gobierno provincial y generó un fuerte debate político en la Legislatura.
La necesidad de los vecinos no debería convertirse en una herramienta política.
En un contexto de fuertes aumentos en las tarifas eléctricas y de usuarios que tienen dificultades para entender o pagar sus facturas, acercar un organismo de control a los barrios puede ser una medida positiva si su objetivo es exclusivamente facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos.
Pero el problema aparece cuando una actividad institucional comienza a difundirse acompañada por nombres y referencias políticas.
¿El móvil llega porque el vecino necesita respuestas o porque algunos dirigentes necesitan mostrar presencia territorial?
El Estado tiene recursos, organismos y personal financiados por todos los tucumanos. Por eso, cualquier acción destinada a atender reclamos debería estar sometida a criterios transparentes, institucionales y generales, independientemente del dirigente político que aparezca en el volante.
Del antecedente de la Defensoría del Pueblo, al nuevo escenario del ERSEPT.
El apellido Cobos ya había quedado en el centro de discusiones políticas vinculadas con la Defensoría del Pueblo. En agosto, durante el debate legislativo por la designación de Eduardo Cobos al frente del ERSEPT, hubo fuertes cruces y acusaciones sobre el uso político de la Defensoría.
Ahora, con Eduardo Cobos al frente del ente regulador y Tomás Cobos como legislador, la aparición de una actividad del ERSEPT en territorio acompañada por referencias políticas vuelve a generar preguntas que merecen respuestas.
Porque un vecino que recibe una factura de luz que no puede pagar no debería necesitar una estructura política para conseguir asesoramiento.
El servicio público debe estar al servicio del ciudadano, no convertirse en una vidriera para dirigentes.
¿Quién organizó el operativo, bajo qué criterios se eligió el lugar y qué relación institucional existe entre el ERSEPT y los referentes políticos que aparecen promocionándolo?
