Mery Anastasio , referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en Tucumán, brindó un análisis de alarma sobre la situación que atraviesan los sectores más vulnerables de la provincia tras el desmantelamiento de políticas públicas de integración. Con una visión forjada en el territorio y su propia historia personal, Anastasio vinculó directamente la retirada del Estado con el crecimiento de la violencia y la exclusión.
Uno de los puntos centrales de su denuncia es el fin del Fondo de Integración Sociourbana (FISU) , una herramienta que, según explicó, brindaba soluciones habitacionales básicas en asentamientos registrados. » La SISU era la Secretaría de Integración Sociourbana donde llegaban soluciones concretas a los barrios populares lo que es agua, vereda, cordón cuneta, las mejoras habitacionales «.
El cierre de este organismo no solo paraliza obras, sino que destruye puestos de trabajo.
Anastasio señaló que en el país hay unas «300 personas, 300 familias que quedaron sin trabajo, sin su sustento y sin saber qué hacer ahora». A nivel local, advirtió que las cooperativas también sufren el impacto: » Son muchísimas familias que se quedan sin trabajo, no tan solo los que estuvieron contratados por la SISU, sino también las cooperativas «.
Para la coordinadora del MTE, el vacío que deja la gestión pública es ocupado rápidamente por el crimen organizado. » Cuando el Estado se ausenta de los barrios populares, aparece el narcotráfico y aparece la violencia «. Anastasio fue enfática al describir cómo esta estructura capta a los menores ante la desesperación económica: » Van a ser más niños, más chiquitos, lo que hagan las veces de soldaditos de la narcoestructura… no hay trabajo, no hay empleo, y aparecen ellos como salvadores a ofrecer para que sean los tranzas «.
Esta problemática golpea con especial dureza a las mujeres jefas de hogar. » A esa apunta la narcoestructura: a esa mujer (sola a cargo de una casa). Por eso son cada vez más mujeres las que están judicializadas por el tema de ser tranza «. Según su visión, esto no es una elección, sino una consecuencia de la falta de alternativas: » No es algo que nos enorgullezca… sino que tiene que reconocer el Estado que se ausenta y eso a eso lleva «.
La crisis económica se refleja de manera directa en los comedores comunitarios.
Anastasio relató que en su planta de reciclado la demanda se disparó en pocas semanas: » Hasta hace un par de semanas dábamos de comer a 200 personas… Hoy son 350 personas, lo que son aproximadamente 85 familias que van a recibir un plato de comida «.
Finalmente, la referente social, quien se identificó como nacida y criada en Villa 9 de Julio y jubilada del Poder Judicial, hizo un llamado a la reflexión de la clase política.
» Que caminen el territorio, que hablen con la gente, que no le tengan miedo a la gente y que le pregunten cuál es la realidad que están viviendo «.
Advirtió que, de no cambiar el rumbo, el escenario es sombrío: «Lamentablemente estamos peligrando en 2001 y yo como mamá, como abuela, no quiero eso para mis nietos «. Su deseo final fue claro: » No quiero más niño y niña preso»./eltucumano
