La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a médicos y profesionales vinculados al PAMI, confirmó la suspensión de turnos para pacientes de la obra social como consecuencia de la deuda acumulada y la falta de actualización de los pagos.
Motivos de la medida
En un comunicado, la entidad explicó que, “en consideración de los incumplimientos del PAMI para con los odontólogos de cabecera y el agravamiento de la situación desde marzo de este año con interrupción de la cadena de pagos de las retribuciones por capitación desde febrero de 2026, los odontólogos no pueden continuar con su trabajo, ya que no cuentan con los recursos que debe abonar el PAMI”. La advertencia pone el foco en la continuidad del servicio frente a la falta de flujo de fondos.
Retrasos en reintegros y gastos a cargo de los profesionales
Desde APPAMIA señalaron además que el conflicto se intensifica por la demora en los reintegros vinculados a prótesis odontológicas, gastos que, según los profesionales, fueron afrontados de su propio bolsillo desde diciembre de 2025. Esta situación genera dificultades para reponer materiales e insumos necesarios para la atención.
Impacto sobre la atención de afiliados
La asociación sostuvo que “los odontólogos del PAMI se ven obligados a interrumpir la atención de los beneficiarios de esa obra social, ya que no cuentan con los medios económicos para reponer material e insumos”. En virtud de ello, APPAMIA informó que desde el lunes 18 de mayo quedó suspendida la atención odontológica para afiliados del PAMI hasta que exista una respuesta que permita normalizar la situación.
Responsabilidades y posibles consecuencias
La entidad responsabilizó al organismo por las consecuencias que la medida pueda generar entre los pacientes. La suspensión plantea un escenario en el que los afiliados podrían ver afectado su acceso a prestaciones bucales, mientras persisten las gestiones administrativas y las negociaciones para resolver los pagos adeudados.
El conflicto remarca las tensiones financieras entre prestadores y obras sociales, y abre la interrogante sobre las medidas que el PAMI y las autoridades competentes adoptarán para restablecer la prestación y garantizar la continuidad de la atención.
