La Justicia federal ordenó 121 días de prisión preventiva para tres ciudadanos bolivianos acusados de transportar 388,5 kilos de cocaína ocultos en dos camiones cisterna que circulaban en convoy hacia una terminal de combustibles del puerto de Rosario, En Santa Fe. La droga, valuada en más de $13.500 millones, fue descubierta por Gendarmería Nacional sobre la ruta 34, en Santa Fe.
Los detenidos son los conductores de los dos vehículos y un acompañante. La Sede Fiscal Descentralizada Rafaela y la Procuraduría de Narcocriminalidad de la Región NEA formalizaron la investigación y les atribuyeron haber integrado una organización transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes.
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que los imputados cumplieron diferentes funciones dentro del traslado terrestre y tuvieron dominio sobre la operación. Los demás miembros de la estructura todavía no fueron identificados.
El juez federal de Garantías Santiago Saux admitió el pedido de la acusación y dispuso la medida cautelar para asegurar que los sospechosos permanezcan sometidos al proceso y evitar posibles maniobras de entorpecimiento.
El cargamento había sido secuestrado el viernes durante un control vehicular de Gendarmería sobre la ruta nacional 34, a la altura de Susana, provincia de Santa Fe.
Los dos camiones tenían matrículas bolivianas y se desplazaban juntos. Cuando los agentes detuvieron uno de ellos, su conductor inicialmente se habría negado a identificarse.
Durante la inspección, un sargento percibió un intenso olor a combustible dentro de la cabina. Los investigadores consideraron que podría haberse utilizado para disimular el aroma de los estupefacientes.
El gendarme observó además cinco mochilas. Al ser consultado sobre su contenido, el chofer respondió primero que llevaban “ropa sucia”, pero luego admitió que transportaba “cosas prohibidas”, según relató la Fiscalía.
Tras obtener la autorización de Saux, los agentes requisaron los vehículos y encontraron 16 mochilas distribuidas entre las cabinas y las cisternas. En su interior había 388,5 kilos de clorhidrato de cocaína.
En el segundo camión no se hallaron estupefacientes dentro de la cabina ni entre las pertenencias del conductor. La droga estaba escondida exclusivamente en la cisterna.
En ese compartimiento se encontraron seis mochilas similares a las descubiertas en el primer transporte. Contenían 142 paquetes compactos que dieron positivo para cocaína en las pruebas de campo.
Los registros de Migraciones permitieron establecer que ambos camiones ingresaron en la Argentina por Salvador Mazza el 22 de julio de 2026. Las constancias consignan horarios de las 16.34 y las 16.54, con una diferencia de 20 minutos entre un vehículo y el otro.
Después de completar los trámites migratorios, los transportes fueron escaneados por la Aduana de Pocitos. Las imágenes aportadas a la causa muestran que en ese momento las cisternas se encontraban vacías.
Ese dato llevó a los investigadores a considerar que las mochilas habrían sido cargadas después del cruce fronterizo, en algún punto del territorio argentino próximo a la ruta 34, posiblemente en Salta.
La acusación también vinculó al acompañante con esa etapa de la operación. Los tres sospechosos fueron detenidos finalmente en Santa Fe.
Según la reconstrucción fiscal, el cargamento ya se encontraba dentro del país y habría permanecido oculto cerca del corredor vial hasta la llegada de los camiones enviados por la organización.
Luego, los vehículos emprendieron el viaje hacia el sur en convoy. La terminal de carga de combustible situada en el puerto de Rosario habría sido el destino final, de acuerdo con la línea investigativa expuesta en la audiencia.
La pesquisa intenta establecer el lugar exacto donde se introdujeron las 16 mochilas en las cisternas e identificar a las personas que participaron de esa maniobra.
Los investigadores consideran que parte de la operación se habría ejecutado en Salta y que la estructura criminal todavía continúa activa, ya que no fue completamente desarticulada.
Durante la audiencia, el fiscal federal coadyuvante Grimm sostuvo que existen elementos suficientes para vincular a los imputados con la organización y con el transporte de la droga.
También argumentó que existe riesgo de fuga por la falta de arraigo de los acusados y destacó que la escala penal prevista para el delito investigado va de seis a 20 años de prisión.
El representante del Ministerio Público añadió como elementos relevantes el carácter transnacional de la maniobra, la distribución funcional de tareas y el valor de mercado del cargamento, estimado en más de $ 13.500 millones.
Con esos fundamentos, el juez Saux convalidó la prisión preventiva de los dos choferes y del acompañante por cuatro meses. Durante ese plazo, la Fiscalía buscará reconstruir el recorrido completo de los camiones, determinar dónde se cargó la cocaína e identificar a los restantes integrantes de la organización.
