En el marco del expediente N° 42/2021, que se tramita ante el Tribunal Oral Federal de Catamarca, la querella unificada, representada por el abogado Diego O. Quinteros Martínez, formalizó una ampliación del ofrecimiento de prueba testimonial de cara al debate oral y público en la causa que tiene como principal imputado a Edgar Adhemar Bacchiani.
La presentación, impulsada a pedido del letrado querellante Alfredo Alejandro Aydar, incorpora una nómina de seis testigos que, según se argumenta, podrían aportar elementos “conducentes, pertinentes y útiles” para el esclarecimiento de los hechos que serán materia de juzgamiento.
Entre los nombres propuestos aparecen figuras vinculadas al ámbito político, empresarial y mediático, como Javier Ignacio Jalil, Martha Jalil, Aldo Sarquis y José Guido Jalil. A ellos se suman dos referentes del periodismo local: Silvestre Zitelli y Diego “Carpincho” Varela, ambos ligados al diario El Ancasti.
La inclusión de actores del ecosistema mediático no es un dato menor. Desde la querella sostienen que su intervención en la difusión de información y su eventual acceso a fuentes podría contribuir a “aportar elementos corroborantes o complementarios”, una línea argumental que busca ampliar el campo probatorio más allá de los hechos estrictamente financieros o contractuales.
El planteo de la querella se apoya en una lógica clásica del proceso penal: la búsqueda de la “verdad real” mediante la amplitud probatoria. En ese sentido, se enfatiza que los testigos propuestos tendrían conocimiento relevante sobre:
• Circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados.
• Relaciones personales, comerciales e institucionales entre imputados y terceros.
• Información contextual derivada de antecedentes públicos y cobertura periodística.
Este enfoque revela una estrategia orientada a reconstruir no solo los hechos en sí, sino también el entramado de relaciones que habría permitido su desarrollo, un aspecto central en causas de alta complejidad como la que involucra a Bacchiani.
Un punto que expone ciertas limitaciones en la etapa actual del proceso es la falta de datos completos sobre algunos de los testigos. Para subsanar esta situación, la querella solicitó que se libren oficios a organismos como el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), la Cámara Nacional Electoral y la AFIP, con el objetivo de obtener información identificatoria y domicilios actualizados.
Asimismo, se requirió información a las firmas editoras de los medios El Ancasti y El Esquiú para precisar los datos laborales de los periodistas mencionados.
La ampliación del ofrecimiento probatorio se inscribe en una etapa clave previa al debate oral, donde las partes buscan robustecer sus respectivas teorías del caso. En términos procesales, la admisión o rechazo de estos testimonios por parte del tribunal será determinante para delimitar el alcance del juicio.
Sin embargo, también abre interrogantes sobre la pertinencia de ciertos testimonios, especialmente aquellos basados en conocimiento indirecto o derivado de la actividad periodística, lo que podría generar tensiones en torno a su valor probatorio efectivo.
En definitiva, el tribunal deberá ponderar si la prueba ofrecida contribuye de manera sustancial al esclarecimiento del caso o si, por el contrario, introduce elementos que podrían dilatar el proceso sin un impacto decisivo en la determinación de responsabilidades.
