La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez (25) ha dado un giro escabroso. Mientras el exmilitar Felipe Sosa (51) permanece como único detenido, nuevos informes del Laboratorio de Química Legal y Toxicología Forense del ECIF, a los que accedió TN, revelan que la joven fue víctima de una violencia que excede el homicidio.
Las pruebas del horror
El peritaje biológico confirmó el hallazgo de líquido seminal y sangre en el cuerpo de la víctima, quien fue encontrada el 8 de enero atada de pies y manos dentro de bolsas de residuos en el barrio Manantial Sur. Estos resultados refuerzan la hipótesis de un ataque sexual previo o simultáneo al asesinato, sumando una capa de brutalidad a la causa.
Bajo la lupa: la conexión con la Corte Suprema
La familia de Érika ha puesto el foco en una mujer que se desempeña como empleada en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y es la actual pareja de Sosa. Las sospechas sobre ella no son infundadas:
Logística sospechosa: Un testigo declaró que fue esta mujer quien le entregó las llaves de la camioneta de Sosa para que fuera trasladada a Buenos Aires pocos días después del hallazgo del cuerpo.
El video y los celos: Milena, hermana de la víctima, reveló que Érika poseía un video sexual explícito de Sosa con la funcionaria judicial. Además, meses antes del crimen, Érika le había pedido a su otra hermana, Mayra, que monitoreara el perfil de Instagram de la mujer porque esta no le aceptaba la solicitud de amistad.
«Sospechamos que Érika pudo ser víctima de los celos de esta mujer», señalan desde su círculo íntimo, sugiriendo que el móvil podría estar vinculado a este material sensible.
¿Instigación o participación activa?
La justicia ahora intenta determinar si la empleada judicial tuvo un rol activo en el femicidio. La familia sospecha de dos escenarios posibles:
Que fuera testigo presencial del asesinato.
Que colaborara en la frialdad logística necesaria para desnudar, embalar y descartar el cuerpo en un basural para borrar huellas.
Con el teléfono de la víctima todavía desaparecido, la fiscalía se enfrenta al desafío de reconstruir las comunicaciones y amenazas que pudieron existir entre Érika y la funcionaria antes del fatídico 6 de enero.
