La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez no solo avanza sobre el femicidio de la joven, sino que comenzó a exponer los posibles vínculos narcos del principal sospechoso, Felipe “El Militar” Sosa. Un testimonio clave incorporado a la causa reveló que el acusado habría vendido grandes cantidades de cocaína y podría estar estrechamente relacionado con la comercialización de drogas sintéticas en fiestas electrónicas frecuentadas por personas vinculadas al poder, exitosos profesionales y empresarios de la provincia.
Nicolás Navarro Flores, uno de los imputados por encubrimiento, declaró ante el fiscal Pedro Gallo que el acusado le ofrecía venderle droga por montos millonarios. “Siempre buscaba hacer economía cuando compraba droga. Busqué comprar cantidad, pero Felipe se pasaba. Era como $2 millones en cocaína. Le decía que no tenía esa plata y él siempre me respondía que le tirara algo y después veríamos”, señaló ante el fiscal. El hombre, defendido por los abogados Candelaria Hernández y Patricio Char, añadió: “A mí me vendía, desconozco si hacía lo mismo con otras personas”.
Con el correr de los días, los investigadores confirman que Érika no fue víctima de un “crimen narco” tradicional. Sin embargo, se robustece la teoría de que todas las maniobras de encubrimiento posteriores al asesinato se habrían montado precisamente para evitar que la Policía descubriera los detalles de esta actividad ilícita y quiénes formaban parte de ella.
Un historial de violencia y sospechas
La joven fue asesinada en la madrugada del 7 de enero en una vivienda de Santo Domingo al 1.100, en Yerba Buena, y su cuerpo fue arrojado en un descampado de Manantial Sur. La línea narco surgió casi de inmediato cuando los familiares de la víctima informaron que, por sus problemas de adicción, Érika habría mantenido una relación con Carlos Ferreira, un ciudadano paraguayo vinculado al envío de grandes cantidades de marihuana por vía aérea. Además, sabían que ella conocía a un tal “Militar”, señalado como vendedor de éxtasis.
Otros testigos confirmaron esta versión y advirtieron que Sosa era un sujeto muy peligroso. Uno de ellos aseguró que el acusado cargaba con dos “boletas” (asesinatos), precisando que uno fue de público conocimiento porque la víctima fue hallada en una cisterna. Aunque no lo mencionó explícitamente, los investigadores deducen que se refería al femicidio de Ana Gabriela Picciuto, un crimen registrado en marzo de 2024 que aún permanece impune. Por su parte, Justina Gordillo —empleada judicial, pareja de Sosa y hoy procesada por encubrimiento— declaró que sabía que él había comercializado éxtasis en el pasado. “Cuando leí todo eso en el diario quedé aterrorizada”, le dijo al fiscal Gallo.
Navarro Flores fue el único imputado que aportó datos frescos sobre estos vínculos. En su declaración reconoció que el 7 de enero Sosa le entregó una “piedra” de cocaína, que según los especialistas es un bloque de máxima pureza de no menos de 200 gramos. También relató que el sospechoso le dio una caja de herramientas cerrada con candado para que se la llevara. Al enterarse de la detención de “El Militar”, Navarro Flores la abrió: “Había pedazos de papel manteca de color marrón que se fuma. Creo que se llama MDT, pero no la conozco. Era mucha cantidad para una persona. Me asusté y tiré todo por el inodoro”, confesó. Las autoridades presumen que se trataba de MDMA o LSD.
La lupa de la Justicia Federal
Mientras los defensores de Sosa, Marcelo Concianci y Rubén Flores, sostienen que su cliente “no tiene nada que ver con el tráfico” y que solo sufre “graves problemas de adicción”, los antecedentes dictan lo contrario. En junio de 2023, la Policía encontró en su domicilio un centro de producción con 168 plantas de marihuana, balanzas de precisión y frascos con flores. Aunque el juez federal José Manuel Díaz Vélez decidió sobreseerlo al considerar que era para consumo personal, el fiscal Agustín Chit apeló la resolución argumentando que se trataba de una organización dedicada a la comercialización a gran escala. El próximo mes se cumplirá un año sin que se resuelva ese asunto.
En su interrogatorio, Navarro Flores negó conocer al narco paraguayo Carlos Ferreira y a César Fernández Facio, este último procesado como supuesto líder de una organización que vendía éxtasis en fiestas electrónicas. Hasta el momento, no trascendió si el Ministerio Público ordenó abrir un expediente paralelo por venta de drogas o si remitió copia a la Justicia Federal. Sin embargo, Carlos Garmendia, representante legal de la familia de la víctima, adelantó: “Con todo lo que hay en el expediente, haremos una presentación ante el fiscal Chit para que inicie una pesquisa”.
Si esta línea avanza, el caso no solo terminará en un juicio por femicidio, sino que destapará el millonario negocio narco que rodeaba al principal acusado.
