Lo que sucedió en el municipio de Graneros cruzó todos los límites tolerables en una democracia. Ante la escalada de abusos de poder, atropellos institucionales y el accionar impune de patotas municipales amparadas desde el ejecutivo local, la oposición dio una muestra contundente de unidad en la Legislatura de Tucumán.
Por primera vez, las distintas fuerzas opositoras confluyeron en un pedido: la inmediata intervención de la Municipalidad de Graneros.
Un municipio tomado por la violencia y el autoritarismo
La gestión actual convirtió a Graneros en un feudo donde la ley parece no regir. El uso de patotas para amedrentar a opositores es una práctica repudiable en la política de nuestros tiempos.
Luego de los graves incidentes denunciados por el diputado nacional Gerardo Huesen durante una visita a la localidad, el legislador José Macome presentó un proyecto para intervenir la Municipalidad y el Concejo Deliberante.
La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladores de distintos sectores de la oposición y propone designar un comisionado interventor, realizar una auditoría integral de las cuentas municipales y convocar posteriormente a elecciones.
La propuesta se fundamenta en los artículos 67, inciso 25, y 139 de la Constitución provincial, además de la Ley Orgánica de Municipalidades. La Constitución contempla la intervención de un municipio ante situaciones de acefalía o grave desorden institucional que pongan en riesgo la forma republicana de gobierno.
Un episodio alarmante
Huesen denunció que fue agredido y amenazado junto con integrantes de su comitiva mientras recorría Graneros y mantenía contacto con vecinos.
El diputado y sus acompañantes se refugiaron en la comisaría local. Según su denuncia, un grupo de personas permaneció frente a la dependencia policial e impidió durante un tiempo que pudieran abandonar el lugar.
Finalmente, la comitiva fue retirada con intervención de la Policía Federal y trasladada hasta Aguilares. Huesen afirmó que entre los agresores había funcionarios y empleados vinculados con la administración de la intendenta Raquel Graneros.
La oposición reclama una respuesta institucional
Desde La Libertad Avanza también reclamaron una respuesta al gobernador Osvaldo Jaldo y compararon la situación con la intervención del municipio de Juan Bautista Alberdi, dispuesta en 2025.
El planteo central de los opositores es que un episodio de violencia política de estas características no debería naturalizarse y que corresponde determinar si la situación de Graneros encuadra en las causales constitucionales para una intervención.
La «Adorni Tucumana»
El nuevo conflicto se suma a otras controversias que involucran a la gestión de Raquel Graneros.
La intendenta enfrenta una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito relacionada con una propiedad ubicada en el country Las Yungas, en Yerba Buena, valuada por los denunciantes en alrededor de US$ 1,2 millones.
Además, meses atrás, diez vecinas afectadas por inundaciones fueron imputadas por presuntas amenazas luego de reclamar obras y asistencia. La denuncia había sido promovida por la intendenta y su entorno familiar.
El pedido de intervención abre una discusión política e institucional en la Legislatura tucumana sobre la urgencia de resolución en el municipio de Graneros.
