Una publicación encendió la polémica por el alimento entregado a niños en la plazoleta Santo Cristo Señor Gonzalo Monteros, en Banda del Río Salí. Las imágenes muestran un líquido de apariencia extraña y restos derramados en el lugar. El reclamo plantea dudas sobre su preparación, calidad y condiciones de entrega.
La escena genera indignación y, sobre todo, preguntas que las autoridades no deberían esquivar.
En las últimas horas comenzó a circular una denuncia realizada en redes sociales por una persona que aseguró haber estado en la plazoleta Santo Cristo Señor Gonzalo Monteros, donde se habría entregado una bebida presentada como “chocolate” a niños.
El testimonio es contundente: sostiene que la preparación tenía una apariencia diferente a la esperada, que al enfriarse habría adquirido una consistencia extraña y que algunos vasos presentaban partículas o grumos. Además, el denunciante afirma que algunos niños posteriormente habrían sufrido dolor de panza.
No existe, hasta el momento, información oficial que permita confirmar que el producto estaba contaminado o que haya sido responsable de eventuales malestares. Precisamente por eso, la situación requiere una explicación seria y verificable, no silencio ni excusas.
Porque cuando se trata de alimentos destinados a niños, “es gratis” no puede convertirse en una excusa para entregar cualquier cosa.
Las imágenes difundidas muestran un recipiente con un líquido de color oscuro y una preparación derramada sobre el piso. Por sí solas, las fotografías no permiten determinar qué contenía el producto ni si representaba un riesgo sanitario. Pero sí alcanzan para instalar una pregunta elemental: ¿qué se les estaba dando a los chicos y bajo qué controles?
Los chicos no son un detalle
Si efectivamente se realizó una actividad destinada a niños, quienes organizaron y entregaron alimentos tienen una responsabilidad básica: garantizar que aquello que se ofrece sea apto para el consumo y haya sido elaborado y conservado bajo condiciones adecuadas.
No alcanza con organizar un evento, repartir vasos y sacarse fotos.
La responsabilidad comienza mucho antes de la entrega y termina después de que el último chico se va.
Si hubo una preparación defectuosa, corresponde explicar por qué. Si existieron problemas de conservación, también. Y si el producto era perfectamente apto, las autoridades deberían poder demostrarlo con tranquilidad y transparencia.
¿Quién preparó el producto?
La denuncia deja planteado otro interrogante central: ¿quién estuvo a cargo de preparar el supuesto chocolate, qué ingredientes se utilizaron, ¿dónde fue elaborado y cómo fue trasladado y conservado?
Son preguntas simples. Y justamente por tratarse de niños, deberían tener respuestas inmediatas.
También sería razonable conocer si existió algún responsable sanitario o mecanismo de control previo a la distribución.
Porque una actividad social puede ser humilde, pero los controles sanitarios no pueden serlo.
Que se investigue y se informe
El reclamo que circula en redes no debería ser utilizado para condenar anticipadamente a nadie. Pero tampoco puede ser desestimado como una simple queja de internet.
Si hubo chicos que consumieron el producto y posteriormente presentaron síntomas, corresponde determinar qué ocurrió. Y si no existió ninguna irregularidad, también corresponde aclararlo públicamente.
La transparencia no debería ser una amenaza para nadie.
Lo verdaderamente preocupante sería que, frente a una denuncia que involucra alimentos destinados a menores, la respuesta sea mirar para otro lado.
Ahora las autoridades tienen la palabra.
Y deberían responder con hechos: qué se entregó, quién lo preparó, bajo qué controles y si se realizaron verificaciones sobre el alimento.
Porque cuando hay niños de por medio, la improvisación deja de ser una anécdota y se convierte en una cuestión que merece máxima responsabilidad.
