El gremio estatal convocó a una jornada nacional de lucha para este jueves 15 de octubre, con paros, asambleas y movilizaciones en todo el país. Reclama mayor financiamiento universitario, la derogación del DNU 70/23 y medidas para defender el empleo público y la soberanía nacional.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una jornada nacional de lucha de 24 horas para el jueves 15 de octubre, con paros, asambleas y movilizaciones en distintos puntos del país. La medida alcanzará a la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, además de administraciones provinciales y municipios.
La convocatoria quedó formalizada en una nota fechada el 9 de octubre de 2026 y dirigida al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero.
Los reclamos de ATE al Gobierno nacional
El sindicato, conducido a nivel nacional por Rodolfo Aguiar, planteó una serie de demandas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.
Entre los principales reclamos figuran el mayor financiamiento universitario, la derogación del DNU 70/23 y la defensa del empleo estatal. Además, ATE cuestionó las políticas vinculadas con la entrega de tierras y recursos estratégicos a capitales extranjeros.
La organización también puso el foco en la soberanía nacional y el rechazo a medidas que, según sostiene, implican una pérdida de derechos laborales y un deterioro de las condiciones de trabajo en el Estado.
¿Dónde serán las movilizaciones?
Según la comunicación gremial, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la concentración se realizará en la Plaza del Congreso.
En las capitales y principales ciudades de las provincias, las actividades serán definidas por las respectivas conducciones locales. Por eso, las modalidades de protesta en cada distrito dependerán de los anuncios de las seccionales y organizaciones sindicales correspondientes.
Un nuevo frente de conflicto para Milei
La jornada de ATE suma presión sindical sobre el Gobierno nacional en medio de las disputas por el financiamiento de las universidades públicas, el empleo estatal y el alcance de las reformas impulsadas por la administración libertaria.
El alcance concreto de la medida en cada organismo dependerá de las convocatorias y decisiones gremiales locales.
