Por Redacción Central La Pluma Viral – Judiciales
Tucumán, señoras y señores, lo hizo de nuevo. Mientras la memoria de Alberdi debe estar revolcándose en su tumba, la Corte Suprema provincial —con el inefable Daniel Leiva a la cabeza, ese que maneja los tribunales como si fueran el kiosco de la esquina— decidió exportar su último invento: la Oficina de Gestión Asociada (OGA). Y lo peor no es que la vendan, lo peor es que otras provincias están comprando este viejo buzón bajo la excusa de la «modernización».
El festival de los improvisados: ¿Quién maneja tu expediente? Parece cómico, pero es una tragedia que un técnico atienda asuntos judiciales.
La OGA no es eficiencia, es tecnología de la subordinación. Lo más grave, lo que realmente debería escandalizar a cualquier ciudadano, es la toma del poder por parte de gente que no tiene ni la más mínima formación legal.
Estamos ante una institucionalización de la mediocridad al servicio del control. ¿Cómo se explica que la gestión de causas judiciales, donde se define la libertad, el patrimonio y los derechos de las personas, esté en manos de bachilleres o técnicos en electrónica designados «a dedo»?
La OGA funciona como una máscara donde el juez pierde su rol de director del proceso.
Ahora, el trámite queda en manos de estos «directores» sin título de abogado que deciden el destino de un expediente. Es, básicamente, poner a un profesor de nivel inicial a decidir sobre el procedimiento de una causa penal o civil, bajo la excusa de que el sistema es «más rápido». Lo que están logrando, en realidad, es un fraude constitucional sistémico donde el saber jurídico brilla por su ausencia.
El silencio cómplice del Colegio de Abogados (CAT). Complacientes con quienes detentan el Poder de Turno. Mientras se cae a pedazos la justicia ¿Quién paga los festejos?
Ahora bien, ¿dónde están los que deberían defender la Constitución? El Colegio de Abogados de Tucumán ha decidido ponerse una venda en los ojos mientras el sistema se desmorona.
Mientras los abogados ven cómo se desplaza su profesión en favor de bachilleres, la institución que debería estar a la vanguardia de la defensa del libre ejercicio profesional prefiere el «silencio cómodo».
La postura oficial del Presidente del Colegio de Abogados el mediador Alberto López Domínguez, sostiene que «no advierte» inconstitucionalidad alguna, y ello es en realidad, el combustible que necesita este sistema para seguir funcionando contra los intereses de los propios colegiados.
¿Festejos en lugar de defensa?
… Mientras la independencia judicial interna es desmantelada, el CAT parece estar más ocupado con los festejos de su centenario que con la gravedad de este desastre institucional.
Imagen Juicio OGA: Acción entablada por la Dra. Myriam Costilla. 9 de octubre de 2025. Segunda Audiencia en la Acción de INCONSTITUCIONALIDAD de OGA (OFICINA DE GESTION ASOCIADA CIVIL TUCUMAN). Jueces (Subrogando CSJT) Dr. Gandur Sergio y Ebe López Piossek. DEMANDADO: Corte Suprema de Justicia de Tucumán (abogado Dr. Arcuri Santiago), Provincia de Tucumán (abogado Dr. Arcuri Santiago), Defensoría del Pueblo de Tucumán (abogado Dr. Rosello Juan) y Dr. Anabia), Colegio de Abogados de Tucumán (Pte. del CAT Abogado López Domínguez Alberto y Dr. Mirra Dante).
La Dra. Myriam Costilla es la única que se animó a mostrar esta estafa judicializando las OGA, señalando en sus escritos judiciales que no se trata de una simple diferencia de criterios, sino de la creación de una estructura paralela sin filtro de concurso alguno, contrariando la Constitución Nacional y Provincial.
En la Tucumán de la OGA, la verdad ya no importa.
Lo que importa es la obediencia. Es la metástasis del feudalismo disfrazada de modernidad.
Nos están vendiendo una «comisaría digital» como si fuera el futuro, cuando en realidad es el mecanismo más viejo de la historia: hacer que el poder parezca legal, aunque sea absolutamente ilegítimo.
Mientras el Colegio de Abogados de Tucumán prefiere el brindis antes que la pelea constitucional, la OGA se consolida como la herramienta de disciplinamiento definitiva.
Así estamos: la Justicia ya no busca la verdad, busca la obediencia, y la tiene al alcance de un «botón» apretado por alguien que, probablemente, no sabe ni lo que está firmando.
