La Cámara de Diputados será sede este miércoles y jueves de un debate crucial sobre la reforma de la Ley de Glaciares. Sin embargo, el inicio de las audiencias públicas está marcado por la controversia: las autoridades de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz (LLA), decidieron que solo 400 de los 100 mil anotados podrán exponer de forma oral.
El esquema de la discordia
El oficialismo diseñó un cronograma estricto para procesar el masivo interés ciudadano:
Miércoles 25: Expondrán 200 oradores de forma presencial entre las 10 y las 19 horas.
Jueves 26: Otros 200 participantes lo harán vía remota (Zoom).
Resto de inscriptos: Deberán enviar su postura por escrito o mediante un video que no supere los cinco minutos.
La oposición (peronismo, izquierda y Provincias Unidas) criticó duramente esta limitación, así como la restricción de que solo puedan concurrir dos asesores por bloque legislativo.
Batalla en los tribunales
El conflicto ya llegó a la Justicia Federal. El juez Enrique Regueira rechazó una medida cautelar que buscaba suspender las audiencias, argumentando que no se demostró evidencia suficiente para frenar un acto parlamentario. No obstante, aún resta la resolución del juez Enrique Lavié Pico sobre otra presentación realizada por ONGs como Greenpeace y la FARN, que exigen garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos.
Pese a los pedidos para extender los días de debate, La Libertad Avanza mantuvo las fechas originales. Los presidentes de comisión adelantaron que serán estrictos con el reloj: cada expositor tendrá un máximo de cinco minutos para dar su visión sobre una reforma que, según los ambientalistas, podría poner en riesgo las reservas de agua dulce del país.
