La presión judicial sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sube de nivel. El Gobierno de Javier Milei, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue aceptado formalmente como querellante en la causa penal que investiga una presunta evasión millonaria y la retención indebida de aportes.
Fuentes judiciales confirmaron que el juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, hizo lugar al pedido del organismo recaudador. Este nuevo rol le permite al Ejecutivo tener acceso total al expediente, solicitar medidas de prueba y actuar como acusador privado, marcando un hito en la ofensiva contra la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia.
El expediente que desvela a Viamonte
Esta es la causa que más preocupa a la dirigencia del fútbol, ya que el delito de evasión agravada contempla penas de prisión efectiva. A finales de diciembre, el fiscal Claudio Navas Rial imputó a la cúpula directiva: Tapia (presidente), Pablo Toviggino (tesorero), Cristian Malaspina (secretario general) y Gustavo Lorenzo (director general).
La investigación apunta a un perjuicio al Estado de $19.353 millones. Se acusa a la AFA de no haber ingresado —o haberlo hecho fuera de término— las retenciones de Ganancias, IVA y aportes previsionales entre marzo y septiembre de 2024. Según la normativa, la entidad debe retener el 7,5% de los ingresos por venta de entradas, pases de jugadores y derechos de TV para cubrir la seguridad social de los empleados de los clubes, dinero que presuntamente no llegó a las arcas públicas en tiempo y forma.
Feria habilitada
La gravedad del asunto llevó al juez Amarante a habilitar la feria judicial de enero. Mientras ARCA se suma a la querella, la justicia ya libra oficios al Banco Central y a entidades financieras para rastrear la ruta del dinero. Por su parte, Tapia designó al abogado Norberto Frontini como defensor, preparándose para una batalla legal que promete ser larga y desgastante.
