
El Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) inició el procedimiento para convocar a licitación pública nacional e internacional destinada a la venta del total de las acciones Clase “A” de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima (EDET SA).
La medida, formalizada mediante la Resolución N° 06/26-ERSEPT del 9 de enero de 2026, se produce al vencimiento del primer periodo de gestión de la concesión y contempla la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provincial otorgue una preferencia razonable al actual titular del paquete accionario si se acredita una prestación satisfactoria del servicio.
El llamado a licitación se fundamenta en la normativa provincial vigente. La resolución recuerda que la Ley N° 6.608 establece que el plazo de concesión se subdivide en un primer periodo de gestión de veinte años y siete periodos sucesivos de diez años cada uno, y que al término de cada periodo el ERSEPT debe revalidar la actuación de la sociedad inversora mediante la oferta pública del paquete accionarial mayoritario, con la confección de un nuevo régimen tarifario aplicable al periodo siguiente. Asimismo, el Contrato de Concesión de EDET SA prevé expresamente el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta de las acciones Clase “A” al vencimiento del periodo en curso, garantizando transparencia y condiciones de concurrencia para los interesados, y facultando al Poder Ejecutivo a establecer una preferencia razonable a favor del titular saliente si el servicio se hubiese prestado satisfactoriamente.
La resolución incorpora además antecedentes normativos y actas acuerdo previas. Se citan las leyes provinciales Nros. 8814 y 8941, que permitieron la celebración de un Acta Acuerdo con EDET en 2017, y la Ley N° 9.913 del 19 de septiembre de 2025, que aprobó un nuevo Acta Acuerdo y fijó como fecha límite para el llamado a licitación el 13 de enero de 2026, remarcando que el titular del paquete mayoritario tendrá derecho a presentar oferta en el concurso en los términos del pliego que se confeccione.
El procedimiento se inicia formalmente en el Artículo 1° de la resolución, que dispone el inicio del llamado a licitación para la venta del total de las acciones Clase “A” de EDET SA, sociedad responsable de la distribución, comercialización y prestación del servicio público de abastecimiento eléctrico en la provincia, incluyendo la generación aislada y la atención del mercado rural disperso y establecimientos educativos. El ERSEPT solicitó asimismo al Poder Ejecutivo y a la Legislatura la instrumentación legal necesaria para la confección de los pliegos, con dictamen previo de la Fiscalía de Estado y la posible incorporación de la cláusula de preferencia para el actual accionista mayoritario.
El anuncio llega en un contexto de debate público y críticas sobre la calidad del servicio.
Durante la audiencia pública celebrada recientemente, la Defensoría del Pueblo y asociaciones de consumidores cuestionaron con énfasis la prestación de EDET, registrándose reclamos por cortes recurrentes, baja tensión y deficiencias, especialmente en el interior provincial. Esos planteos ponen en cuestión la idoneidad de reconocer una preferencia al titular saliente en un proceso que, además, coincide con la revisión del régimen tarifario, que podría implicar aumentos relevantes en las tarifas.
En cuanto a la inversión y el esquema tarifario propuesto, el gerente general de EDET, Ernesto San Miguel, informó que la empresa invirtió $147.435 millones entre 2020 y 2025, incluyendo la construcción de 203 km de líneas de media tensión y 592 subestaciones, y propuso un plan de inversión adicional por $220.000 millones para 2025-2030. La consultora BA Energy Solutions, contratada por EDET, estimó un requerimiento anual de ingresos de $330.224 millones, basando el cálculo en un Valor Nuevo de Reposición de activos de $1.118.000 millones, una “empresa modelo” con 467 empleados propios y pérdidas técnicas y no técnicas eficientes del 11,1%. Por su parte, el ERSEPT, representado por Alejandro Danóm, destacó la vigencia de un régimen de “precios máximos” y anunció el incremento de equipos de medición de calidad, que pasarían de 422 a 2.400 dispositivos.
La disposición sancionada por el ERSEPT articula marcos legales preexistentes con la finalidad de garantizar la transparencia del proceso licitatorio, al tiempo que abre un debate público y político sobre el balance entre la continuidad de un operador privado, la calidad del servicio y el impacto tarifario para los usuarios. La posible incorporación de una cláusula de preferencia en favor del titular saliente será un punto central en la confección del pliego y en las discusiones legislativas y administrativas que seguirán a este inicio formal del llamado a licitación.



