El Gobierno consiguió ayer la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley que introduce el llamado principio de “inocencia fiscal”, una iniciativa que propone cambios profundos en el régimen penal tributario, en los procedimientos de fiscalización y en la forma en que las personas humanas declaran el Impuesto a las Ganancias.
Aunque en el debate público suele vincularse con la posibilidad de que los contribuyentes exterioricen ahorros no declarados —los denominados “dólares del colchón”—, el texto oficial no establece un blanqueo de capitales ni modifica la estructura del impuesto.
El alcance del proyecto es más amplio y apunta a redefinir la relación entre el fisco y los contribuyentes.
La propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo a comienzos de junio y fue aprobada anoche en la cámara baja, junto con el Presupuesto 2026. Según el texto, el objetivo central es reducir la carga administrativa, simplificar los trámites y focalizar la fiscalización en los casos de mayor relevancia, bajo la premisa de que el contribuyente debe ser considerado cumplidor salvo prueba en contrario.
El principio de inocencia fiscal parte de un cambio de enfoque en la administración tributaria. En lugar de presumir que todos los contribuyentes intentan evadir impuestos, la iniciativa propone limitar la persecución penal y los controles extensivos a situaciones en las que exista evidencia concreta de incumplimientos relevantes o de conducta dolosa.
Un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), de la Fundación Mediterránea, señala que el proyecto “busca recuperar la confianza ciudadana en el sistema tributario, simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y fomentar un entorno más equitativo y eficiente”, con una mayor prioridad al pago voluntario y una fiscalización más selectiva.
