Celulares, bebidas y juguetes son apenas una muestra de un fenómeno que viene creciendo con fuerza durante el último año y que ya encendió las alarmas en el sector privado: el avance del contrabando. Aunque no se trata de un problema nuevo, su impacto se volvió más visible en un contexto marcado por la caída de la actividad económica, el ingreso masivo de productos importados y la proliferación de mercadería que entra al país por canales ilegales.
La preocupación quedó plasmada en una de las últimas reuniones de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), donde se advirtió sobre el aumento de la informalidad y se exigió la revisión de normativas que, según las empresas, favorecen la competencia desleal.
Según se supo, varios sectores ya sienten los efectos del avance del comercio ilícito. En el rubro bebidas, la Cámara de la Industria Cervecera detectó que el 40% de la mercadería relevada en puntos de venta del AMBA carece de origen legal, una situación que se observa especialmente en autoservicios y comercios de cercanía. En electrónica, la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) estimó que uno de cada cuatro celulares ingresa de forma irregular. El impacto también se replica en el mercado del juguete: la Cámara Argentina de la Industria del Juguete calculó que alrededor del 30% de las ventas locales se abastece mediante maniobras ilícitas. A su vez, la Cámara de Tabaco destacó el crecimiento del consumo de productos sin humo —principalmente vapeadores— que alcanzan a 1,4 millones de adultos pese a que su comercialización está prohibida.
El incremento del contrabando se refleja además en los operativos oficiales. Entre enero y octubre, la Aduana confiscó mercadería valuada en US$70 millones y secuestró 3.464.572 productos de distintos rubros, que incluyen indumentaria, calzado, alimentos, bebidas, electrodomésticos y cigarrillos, entre otros.
Desde Afarte definieron el cuadro con crudeza: “El contrabando de productos tecnológicos continúa siendo una de las principales amenazas para la competencia leal y la recaudación fiscal en la Argentina. Esta práctica afecta transversalmente a diversas industrias, generando distorsiones de precios, pérdida de empleo formal y una fuerte caída de ingresos tributarios”. La entidad detalló además que entre abril y septiembre se realizaron 26 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana, con el secuestro de productos electrónicos valuados en más de $1.250 millones.
Un representante de una empresa de consumo masivo explicó que el fenómeno comenzó a tomar fuerza en 2024 en la frontera con Brasil y Paraguay —especialmente en Formosa, Misiones y Salta— y que durante 2025 se expandió a grandes centros urbanos. “Es un tema relativamente nuevo. La industria está muy complicada de volumen y este no es el motivo troncal, pero afecta. Es imposible competir con la informalidad”, lamentó.
El avance del contrabando se suma a un escenario económico delicado. Las últimas estimaciones de la UIA para octubre anticipan una caída del 2% en la actividad industrial interanual, en línea con un sector que no logra consolidar recuperación. Aunque en lo que va de 2025 se observa una mejora respecto del mismo período de 2024, el nivel de actividad sigue 10% por debajo de los registros de 2022 y 2023, lo que refleja un estancamiento persistente.
