
Un proyecto de la legisladora Carolina Vargas Aignasse, que obtuvo dictamen favorable en comisión, propone facultar a la Junta Electoral de Tucumán para exigir la eliminación de publicaciones en apenas 12 horas, solicitar datos de usuarios y aplicar multas de hasta $30 millones. La iniciativa abre interrogantes sobre la libertad de expresión y los límites del control estatal durante las campañas.
La Legislatura de Tucumán avanza con un proyecto de ley que busca combatir las noticias falsas durante las campañas electorales, pero que también podría establecer un mecanismo de control estatal sobre los contenidos que circulan en las redes sociales.
La iniciativa fue presentada por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse en noviembre de 2025 y obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales el pasado 17 de noviembre.
Aunque el texto no contempla la creación formal de una fuerza policial, las atribuciones que propone otorgarle a la Junta Electoral Provincial configurarían una suerte de Policía Electoral encargada de intervenir sobre publicaciones digitales, determinar cuáles podrían resultar engañosas y exigir medidas para limitar su circulación.
El punto más controversial aparece en el artículo 9.
Allí se establece que, ante una denuncia por contenidos considerados prohibidos, la Junta Electoral podrá requerir a las plataformas digitales que actúen en un plazo máximo de 12 horas.
Las medidas previstas incluyen identificar una publicación como presuntamente falsa o manipulada, ocultarla, suspender su monetización o directamente eliminarla.
El proyecto no exige expresamente una orden judicial previa para disponer estas intervenciones ni establece un procedimiento específico para que el autor de una publicación pueda defenderse antes de que sea retirada.
Si bien el artículo 8 garantiza el derecho de defensa para la aplicación de sanciones, no desarrolla un mecanismo equivalente para cuestionar una orden urgente de eliminación de contenidos.
Además, cualquier elector habilitado en Tucumán podrá solicitar la intervención de la autoridad electoral, al igual que el Ministerio Público Fiscal.
El régimen sancionatorio alcanza a cualquier persona que genere o difunda contenidos considerados manifiestamente falsos, manipulados o descontextualizados con intención de influir en las elecciones o afectar la reputación de candidatos e instituciones.
Las multas previstas van desde $100.000 hasta $10 millones.
Cuando la difusión se realice mediante sistemas automatizados, redes coordinadas o campañas organizadas, las sanciones podrán triplicarse, alcanzando los $30 millones.
También se establecen multas de entre $5 millones y $10 millones para las agrupaciones políticas cuando sus autoridades resulten responsables.
Otro aspecto sensible es la información que las plataformas deberán entregar ante una intervención. El proyecto contempla copias de las publicaciones denunciadas, comentarios, interacciones y metadatos de acceso, como direcciones IP, fechas, horarios y usuarios.
Esta disposición plantea interrogantes sobre los alcances del acceso estatal a información vinculada con la actividad digital de los ciudadanos y las garantías previstas para proteger esos datos.
Otro de los principales cuestionamientos que admite el proyecto es la amplitud de algunos conceptos utilizados para definir las conductas sancionables.
La norma incluye no solamente contenidos creados o alterados mediante inteligencia artificial, sino también publicaciones consideradas falsas o descontextualizadas.
Sin embargo, no establece criterios suficientemente específicos para determinar cuándo una publicación política constituye una manipulación sancionable y cuándo forma parte de una crítica, una interpretación periodística o una controversia legítima.
Esa distinción resulta especialmente importante durante las campañas electorales, cuando las declaraciones, acusaciones y cuestionamientos entre candidatos forman parte habitual del debate público.
El proyecto contempla excepciones para la sátira, las expresiones artísticas y determinados contenidos manipulados que estén identificados como tales. No obstante, esas salvaguardas no resuelven por completo el problema de quién tendrá la última palabra sobre la veracidad de una publicación.
En sus fundamentos, la legisladora sostiene que la iniciativa pretende combatir la desinformación y proteger la voluntad del electorado frente a contenidos fabricados con inteligencia artificial.
El objetivo responde a una problemática real: la circulación de videos, imágenes y audios falsificados puede perjudicar a candidatos y confundir a los votantes.
Sin embargo, la necesidad de combatir la desinformación no elimina la obligación de establecer límites claros al poder del Estado para restringir expresiones políticas.
El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad de expresión y establece condiciones estrictas para imponer restricciones.
En ese marco, la posibilidad de retirar publicaciones mediante decisiones administrativas urgentes, sin una revisión judicial previa expresamente prevista, merece un análisis especialmente cuidadoso.
Tucumán, además, ya cuenta con la Ley 9.290, sancionada en 2020, que incorporó al régimen contravencional multas y posibles arrestos de hasta diez días por la difusión de noticias total o parcialmente falsas en redes sociales.
El nuevo proyecto ampliaría las herramientas de intervención estatal específicamente durante las campañas electorales, al incorporar mecanismos para retirar contenidos, exigir información a las plataformas y aplicar sanciones económicas.
La discusión de fondo no pasa por negar los riesgos de la desinformación, sino por determinar hasta dónde puede llegar el Estado en su intento de combatirla. Si el proyecto avanza sin mayores precisiones sobre los criterios de intervención y las garantías para los ciudadanos, la Junta Electoral podría terminar ejerciendo un papel determinante sobre qué contenidos políticos permanecen visibles en las redes durante una elección.



