¿Caja Popular o caja de privilegios?

El abogado Gerardo Mignone denunció a las autoridades de la intervención designadas por el gobernador Osvaldo Jaldo. Cuestiona nombramientos por casi $1.000 millones, la entrega de gerencias a asesores de gabinete, presuntas incompatibilidades y posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos.

La intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, encabezada por Guillermo Norry y Antonio Bustamante, ambos designados por el gobernador Osvaldo Jaldo mediante los decretos 67/3 y 68/3 del 23 de enero de 2026, enfrenta tres denuncias penales formuladas por el abogado Gerardo A. N. Mignone ante el Ministerio Público Fiscal, por presuntas irregularidades en designaciones de personal, asignación de funciones jerárquicas y utilización de recursos públicos.

Las presentaciones describen un supuesto esquema mediante el cual al menos quince personas fueron incorporadas como asesores de gabinete, pero varias de ellas habrían terminado conduciendo gerencias que correspondían a la estructura permanente de la institución, con remuneraciones millonarias y sin cumplir, según las denuncias, los controles habituales de asistencia.

Uno de los datos más relevantes es el costo de las designaciones. Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo de 2026, Norry, con acuerdo de Bustamante, dispuso una serie de nombramientos. Solamente once de esas designaciones representan un costo de $989.053.703,97 para el ejercicio 2026.

Entre los funcionarios cuestionados aparecen Carlos Francisco Ortiz Soler, Javier Peyrel y Juan Carlos Ortiz, quienes habrían asumido funciones en las gerencias Financiera, Comercial y de Sucursales, respectivamente, pese a haber sido designados como asesores.

La denuncia señala que Ortiz Soler percibiría una remuneración mensual de $8,4 millones, mientras que otros designados del Nivel 5 alcanzarían los $7,5 millones, según los importes consignados en las presentaciones.

El cuestionamiento no se limita al gasto. Los escritos sostienen que varios de los asesores no registrarían asistencia ni cumplirían horarios regulares, mientras que algunos incluso habrían sido autorizados a firmar cheques y suscribir actos administrativos de la Caja.

Además, el denunciante advierte sobre un posible perjuicio económico por la superposición de funciones, ya que la institución continuaría pagando los salarios del personal permanente que anteriormente ocupaba esas gerencias, mientras remunera a los nuevos asesores.

EL CASO SUASNABAR: DOBLE REMUNERACIÓN Y ASCENSO
Otro de los ejes de las denuncias involucra a Sandra Elizabeth Suasnabar, designada como asesora de gabinete de la Caja mediante la Resolución 159/26.

Según documentación municipal difundida oportunamente por Enterate, la funcionaria habría percibido remuneraciones de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi mientras se desempeñaba en la Caja Popular. Los antecedentes señalan pagos en abril y mayo de 2026, además de notificaciones municipales firmadas durante junio.

La situación podría configurar una incompatibilidad con las disposiciones de la Constitución provincial sobre acumulación de empleos públicos remunerados.

Sin embargo, pese a que el caso tomó estado público, la intervención no habría iniciado una investigación administrativa y posteriormente dispuso su ascenso del Nivel 5 al Nivel 3, mediante la Resolución 496/26, con una mejora salarial.

Las denuncias también cuestionan posibles nombramientos de familiares de funcionarios. Entre ellos aparece Lucas Manuel Bejar, señalado como presunto sobrino del subinterventor Bustamante, quien prestó acuerdo para su designación.

También se solicita investigar un posible conflicto de intereses de Gabriela Dantur, vinculada a tareas de auditoría médica y a una entidad que agrupa a prestadores de salud, así como decisiones administrativas relacionadas con PopulART y contrataciones de auditoría externa.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y ECONOMÍA, TAMBIÉN BAJO LA LUPA
Las presentaciones amplían el cuestionamiento a los organismos responsables de controlar las decisiones administrativas de la Caja Popular.

En particular, se pide investigar la actuación de los contadores fiscales delegados del Tribunal de Cuentas, que debían intervenir en el control preventivo de las designaciones, y determinar si formularon observaciones frente a las presuntas irregularidades.

También se solicita identificar a los funcionarios del Ministerio de Economía que autorizaron los nombramientos y establecer si esos actos cumplieron con la normativa vigente.

El abogado Mignone pidió que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, usurpación de autoridad, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta y falsedad ideológica.

Asimismo, requirió preservar registros de asistencia, liquidaciones salariales, legajos, certificaciones de servicios, expedientes y autorizaciones para firmar cheques, con el objetivo de determinar las responsabilidades y el eventual perjuicio económico ocasionado.

Las tres denuncias plantean un interrogante central: si la intervención de Norry y Bustamante utilizó las designaciones de asesores para conformar una estructura paralela de conducción, con sueldos gerenciales y atribuciones administrativas, y si los organismos encargados de controlar los fondos públicos permitieron esas presuntas irregularidades.

Los hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público Fiscal, que tendrá que determinar si existieron delitos y qué responsabilidades corresponden a los involucrados.