Terapias que se interrumpen, instituciones que no llegan a cubrir sus costos, profesionales que esperan cobrar y familias que deben luchar para sostener tratamientos. La crisis de la discapacidad golpea a Tucumán. Mientras León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, proclamo por los que más necesitan: «El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales».
La discapacidad en Tucumán atraviesa una situación cada vez más preocupante. Detrás de las estadísticas y las discusiones presupuestarias hay personas que necesitan tratamientos permanentes, familias que deben reorganizar sus vidas para garantizar cuidados y trabajadores que sostienen instituciones con recursos cada vez más limitados. El gobierno de Jaldo parece no percibir la creciente urgencia de uno de los sectores más vulnerables.
Una realidad que no entra en los discursos oficiales
El problema no es nuevo, pero los reclamos se acumulan. Las demoras en los pagos, los aranceles desactualizados, las dificultades para acceder a medicamentos y las interrupciones de algunas prestaciones conforman un escenario que mantiene en alerta a las organizaciones del sector.
El 21 de octubre, prestadores, profesionales, familiares y personas con discapacidad se movilizaron hasta Plaza Independencia para exigir la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y una recomposición de los aranceles.
Durante esa jornada, referentes del sector advirtieron que los valores de las prestaciones necesitaban una actualización adicional del 30,73% para cubrir adecuadamente los costos de funcionamiento de las instituciones.
También denunciaron que algunas terapias externas estaban siendo suspendidas, con consecuencias directas sobre los procesos educativos y los tratamientos de niños y jóvenes.
No se trata de una discusión administrativa. Cuando una terapia se interrumpe, cuando un centro reduce sus servicios o cuando un profesional no puede seguir trabajando porque no cobra, quienes terminan pagando las consecuencias son las personas que necesitan esa atención.
Familias obligadas a reclamar por derechos básicos
Uno de los aspectos más graves de la crisis es la incertidumbre que atraviesa a las familias.
Para muchas de ellas, acceder a una prestación implica enfrentar autorizaciones, trámites, demoras y dificultades económicas. La continuidad de un tratamiento depende de una cadena de servicios que necesita financiamiento, profesionales disponibles y respuestas oportunas de los organismos responsables.
En la movilización de octubre, madres de personas con discapacidad expusieron las dificultades para conseguir medicamentos, sostener rehabilitaciones y garantizar la atención en instituciones especializadas.
También hubo reclamos de trabajadores que señalaron que cobrar sus honorarios con varios meses de demora vuelve prácticamente imposible organizar su economía y sostener su actividad profesional.
El deterioro no afecta solamente a quienes necesitan asistencia: compromete a todo el sistema de atención.
El mensaje de León XIV que cruza a los gobiernos
En este contexto, las palabras del papa León XIV durante su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, adquieren una dimensión especial para la Argentina.
El Pontífice fue contundente:
«Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición».
Y agregó una definición que debería atravesar cualquier discusión presupuestaria:
«El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales».
León XIV también cuestionó a las sociedades que se dejan conducir exclusivamente por la búsqueda del éxito económico y destacó la importancia de la dignidad, la integración y la amistad fraterna.
Su mensaje llegó en medio de la discusión por el financiamiento de las prestaciones y las políticas de discapacidad impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.
El contraste es evidente: mientras el Papa reclama una sociedad que incorpore y acompañe a las personas con discapacidad, las instituciones argentinas advierten sobre las dificultades para sostener los servicios que hacen posible esa inclusión.
Jaldo también tiene responsabilidades: ¿qué pasa en Tucumán?
La administración de Jaldo también debe dar respuestas sobre las políticas que están bajo su órbita: accesibilidad, inclusión educativa, atención sanitaria, transporte, acompañamiento a las familias y funcionamiento de los organismos provinciales vinculados con la discapacidad.
En Tucumán, organizaciones y referentes del colectivo también vienen denunciando dificultades para renovar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), barreras en establecimientos educativos y problemas para acceder a prestaciones y medicamentos.
La pregunta es inevitable: ¿qué asistencia está garantizando Tucumán a las familias que no pueden sostener los tratamientos?
¿Qué mecanismos existen para acompañar a las instituciones que atraviesan dificultades económicas?
¿Qué respuestas reciben quienes denuncian obstáculos para acceder a sus derechos?
Es necesario explicar qué hace la Provincia con las herramientas y responsabilidades que le corresponden.
La crisis no se resuelve con discursos ni promesas
El sistema de discapacidad necesita previsibilidad. Los centros terapéuticos requieren recursos para pagar salarios, mantener instalaciones y sostener equipos interdisciplinarios. Los profesionales necesitan cobrar en tiempo y forma. Las familias necesitan saber que los tratamientos de sus hijos no quedarán interrumpidos por problemas financieros o burocráticos.
Y las personas con discapacidad necesitan algo que debería estar garantizado: poder desarrollar sus vidas con dignidad, autonomía y acceso efectivo a sus derechos.
El Gobierno nacional debe responder por el financiamiento y las políticas federales. El Gobierno de Tucumán debe explicar qué hace dentro de sus competencias para evitar que las dificultades se profundicen en la provincia.
La responsabilidad no puede convertirse en un juego de acusaciones entre Nación y Provincia mientras las familias siguen esperando soluciones.
El mensaje del Papa y una pregunta para toda la dirigencia
La visita de León XIV al Cottolengo dejó una definición que trasciende las diferencias partidarias y religiosas.
El verdadero progreso de una sociedad no se mide solamente por sus cuentas fiscales, sus indicadores económicos o sus niveles de crecimiento. También se mide por la capacidad de garantizar que nadie quede afuera.
En Tucumán, esa definición tiene un significado concreto. Está en cada terapia que debe continuar, en cada medicamento que necesita una familia, en cada institución que lucha por mantener sus puertas abiertas y en cada trabajador que reclama cobrar por su tarea.
El mensaje del Papa no reemplaza las obligaciones del Estado ni resuelve la crisis financiera del sector. Pero vuelve a poner una cuestión esencial en el centro del debate: las personas no pueden quedar subordinadas a los números.
Para Jaldo, para Milei y para toda la dirigencia política, el desafío ya no es solamente explicar sus decisiones económicas. Es demostrar qué están haciendo para que las personas con discapacidad puedan vivir con los derechos y la dignidad que les corresponden.
