El presidente paraguayo presentó su renuncia cuando el juicio político avanzaba en su contra, pero Diputados aprobó la acusación por unanimidad. La maniobra para aceptar su dimisión terminó sin quórum y dejó al mandatario en una situación institucional explosiva: sigue en el cargo y el proceso político apunta ahora al Senado.
La crisis política en Paraguay escaló a niveles inéditos. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia en medio del escándalo financiero por la intervención de Ueno Bank, pero su salida del poder no se concretó como esperaba. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el inicio del juicio político en su contra y, horas más tarde, una sesión conjunta del Congreso quedó sin quórum cuando debía resolver si aceptaba su dimisión.
Peña no logró cerrar su salida por la vía de la renuncia y continúa constitucionalmente como presidente de Paraguay, mientras el juicio político queda encaminado hacia el Senado.
La Cámara de Diputados aprobó el libelo acusatorio con 78 votos a favor y ninguno en contra. La decisión se produjo durante una sesión extraordinaria, mientras se conocía la renuncia presentada por el mandatario.
El movimiento político dejó en evidencia la ruptura del respaldo que Peña había tenido dentro del Partido Colorado. Incluso sectores oficialistas y dirigentes vinculados al expresidente Horacio Cartes terminaron acompañando el avance del juicio político.
Ueno Bank, el detonante de la crisis
El estallido institucional tiene como telón de fondo la crisis de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central del Paraguay tras detectarse graves problemas de solvencia.
La situación provocó preocupación entre millones de clientes que quedaron sin acceso normal a sus cuentas y generó cuestionamientos sobre el manejo de los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.
Las acusaciones presentadas contra Peña apuntan, entre otros aspectos, a un posible conflicto de intereses por su participación anterior en Ueno Holding, al nombramiento de Carlos Carvallo —exdirectivo de Financiera Ueno— al frente del Banco Central y a la concentración de recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad financiera.
Se trata de acusaciones incluidas en el libelo parlamentario y que deberán ser evaluadas en el procedimiento correspondiente. No constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad.
La renuncia quedó atrapada en el Congreso
Después de aprobar el juicio político, el Congreso debía resolver si aceptaba la renuncia de Peña. La discusión se convirtió en otro capítulo de máxima tensión.
Durante la sesión conjunta, legisladores oficialistas abandonaron el recinto cuando advirtieron que no contaban con los votos suficientes para aprobar la dimisión. La retirada dejó sin quórum la reunión y frustró el tratamiento de la renuncia.
La consecuencia institucional es clave: al no concretarse su aceptación, Peña continúa siendo presidente y el procedimiento de juicio político mantiene su curso.
El trasfondo de la disputa es también jurídico. La Constitución paraguaya establece que los expresidentes elegidos democráticamente pueden acceder a una banca de senador vitalicio, salvo que hayan sido condenados mediante juicio político. Esa condición implica fueros y explica por qué la secuencia entre renuncia y juicio se convirtió en el centro de la batalla parlamentaria.
El Senado tiene la última palabra
El proceso entra ahora en una etapa decisiva. La Cámara de Diputados ya formuló la acusación y corresponde al Senado actuar como órgano juzgador.
De acuerdo con el artículo 225 de la Constitución paraguaya, la Cámara Alta necesita una mayoría de dos tercios para declarar culpable al presidente y disponer su destitución.
Mientras tanto, la crisis política y financiera sigue abierta. La situación de los ahorristas de Ueno Bank, las responsabilidades sobre el manejo de los fondos y el futuro institucional del Gobierno se convirtieron en asuntos centrales de la agenda paraguaya.
Peña intentó abandonar la Presidencia en medio del derrumbe de su respaldo político. Pero el Congreso le impidió, por ahora, convertir esa renuncia en una salida definitiva.
En Paraguay, la crisis ya no es solamente bancaria: se transformó en una batalla por el poder, los fueros y las responsabilidades políticas.
