El grupo empresario que controla EDET en Tucumán enfrenta una denuncia judicial en Jujuy por una presunta maniobra de evasión tributaria millonaria.
Mientras tanto, en nuestra provincia, los usuarios siguen pagando tarifas que generan indignación y el gobierno de Osvaldo Jaldo vuelve a quedar bajo la lupa por las decisiones sobre el futuro de la distribuidora eléctrica. ¿Quién controla a quienes manejan un servicio esencial?
El escándalo que salpica al negocio eléctrico
El Grupo Neuss, uno de los protagonistas de la expansión del negocio energético en la Argentina, enfrenta un nuevo frente de cuestionamientos judiciales. Esta vez, la denuncia apunta contra EJESA, la distribuidora eléctrica de Jujuy, por una presunta evasión tributaria que superaría los 6.600 millones de pesos.
El dato adquiere una dimensión política para Tucumán: los mismos empresarios, Juan y Patricio Neuss, controlan EDET a través de Edison Energía, el holding que desembarcó en el negocio eléctrico provincial en 2025.
La denuncia fue presentada por el ingeniero Hugo Farfán ante ARCA y posteriormente ante la Justicia Federal jujeña. Según su presentación, la supuesta maniobra se habría desarrollado entre mayo de 2024 y mayo de 2026 mediante mecanismos de facturación que habrían permitido ocultar impuestos y trasladar costos a los usuarios.
Por ahora, se trata de una acusación que deberá ser investigada judicialmente. No existe una condena que determine la responsabilidad de los empresarios o de la compañía.
Los tres mecanismos denunciados
De acuerdo con la presentación judicial, el presunto perjuicio fiscal se habría originado en tres mecanismos:
1. Presunta omisión del IVA a usuarios residenciales
La denuncia sostiene que EJESA habría cobrado el concepto Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ) sin aplicar correctamente el IVA del 21% sobre determinados importes vinculados al Sistema Aislado Provincial.
El perjuicio estimado por este concepto superaría los $3.500 millones.
2. El IVA de comercios e industrias, bajo sospecha
En el caso de los usuarios no residenciales, la presentación cuestiona que el impuesto habría sido incorporado dentro del precio de la tarifa sin ser declarado e ingresado correctamente al Estado.
La cifra denunciada por este mecanismo supera los $2.800 millones.
3. Impuestos sobre combustibles que no se habrían utilizado
El tercer punto apunta al cobro de conceptos vinculados al Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono sobre volúmenes de combustible que, según la denuncia, no habrían sido adquiridos ni utilizados para generar electricidad.
El monto estimado supera los $220 millones.
La suma de los tres conceptos explica la dimensión de una denuncia que supera los $6.600 millones, según las estimaciones difundidas por Ámbito.
De Jujuy a Tucumán: el mismo grupo empresario detrás de EDET
Lo que sucede en Jujuy no puede pasar inadvertido en Tucumán.
EJESA y EDET tienen un mismo grupo empresario detrás: Edison Energía, vinculado a los hermanos Neuss. En marzo de 2025, el holding adquirió activos energéticos que pertenecían al fondo estadounidense Apollo Global Management, entre ellos las distribuidoras de electricidad de ambas provincias.
En Tucumán, el desembarco de los nuevos accionistas se produjo en medio de reclamos históricos por el costo de las facturas, la calidad del servicio y las inversiones en infraestructura.
Pero el problema no termina en las tarifas. También está en discusión el futuro del paquete accionario mayoritario de EDET y las condiciones bajo las cuales se desarrollará la licitación.
Jaldo y las prórrogas que generan interrogantes
El gobernador Osvaldo Jaldo quedó en el centro de las críticas de legisladores que cuestionan las sucesivas postergaciones del proceso de licitación de EDET.
Las modificaciones del cronograma generaron sospechas sobre quién termina beneficiándose con la continuidad del actual esquema empresario.
Desde sectores de la Legislatura se llegó a denunciar un supuesto acuerdo favorable al Grupo Neuss. El Gobierno provincial rechazó esas acusaciones y sostuvo que las decisiones administrativas están encuadradas en la legislación vigente.
La Ley 10.006, según la información difundida sobre el nuevo esquema, fijó el 30 de diciembre de 2026 como fecha límite para convocar a la licitación y el 4 de agosto de 2027 como vencimiento del segundo período de gestión.
Mientras se discuten fechas, procedimientos y derechos de los accionistas, los tucumanos siguen dependiendo de una empresa privada para recibir un servicio indispensable.
Los usuarios pagan. Las explicaciones siguen pendientes.
La denuncia contra EJESA no demuestra que EDET haya cometido las mismas irregularidades. Son empresas distintas y cada situación debe investigarse por separado.
Sin embargo, el antecedente judicial en Jujuy abre interrogantes legítimos sobre los mecanismos de control, la transparencia de las distribuidoras y la responsabilidad de los organismos públicos que deben fiscalizar un servicio esencial.
¿Está preparado el Gobierno tucumano para controlar de manera efectiva a los empresarios que manejan EDET?
¿Se garantizará una licitación transparente, con competencia real y acceso público a la información?
¿Quién defiende al usuario cuando el precio de la electricidad golpea cada vez más fuerte el bolsillo familiar?
La electricidad no es un lujo ni un negocio cualquiera: es un servicio esencial. Y cuando los mismos grupos empresarios acumulan el control de distintas áreas del negocio energético, la obligación del Estado de controlar y transparentar sus decisiones se vuelve todavía más importante.
En Tucumán, la discusión ya no pasa solamente por cuánto cuesta la luz. También pasa por quién se beneficia, quién controla y qué garantías tienen los usuarios frente a los empresarios que manejan EDET. /Información Ámbito
