Con reclamos pendientes de familias, personas con discapacidad y prestadores, el Senado buscará avanzar con una nueva normativa que debe garantizar pensiones, tratamientos y prestaciones. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y el oficialismo quiere convertirlo en ley antes de fin de noviembre.
El debate por la nueva Ley de Discapacidad vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política. Este miércoles 4 de noviembre, a las 16 horas, el Senado de la Nación convocará a un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano para intentar avanzar con el dictamen del proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
La iniciativa representa un capítulo decisivo para miles de personas con discapacidad y sus familias, en medio de los cuestionamientos y reclamos que viene generando la política del Gobierno de Javier Milei sobre el financiamiento de las prestaciones y el sistema de pensiones.
La intención del oficialismo, encabezado en la Cámara Alta por Patricia Bullrich, es reunir los respaldos necesarios para llevar el proyecto al recinto y conseguir su sanción definitiva durante noviembre. La fecha prevista para el tratamiento sería el 26 de noviembre, antes de la finalización del período ordinario de sesiones.
Sin embargo, primero deberá conseguirse el quórum y el consenso necesario para firmar el dictamen.
Una ley que llega después de fuertes reclamos
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca convertir en disposiciones permanentes varios de los beneficios contemplados en la Ley de Emergencia en Discapacidad.
La discusión llega después de las controversias generadas por las modificaciones que el Gobierno había impulsado en el marco del Presupuesto 2027, particularmente en materia de pensiones, actualización de aranceles y financiamiento de las prestaciones.
Tras las negociaciones parlamentarias, el oficialismo debió aceptar modificaciones reclamadas por distintos bloques para conseguir el respaldo necesario en Diputados.
Qué contempla el proyecto
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentran:
Pensiones y trabajo: permite compatibilizar la pensión no contributiva por discapacidad con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
Monto del beneficio: mantiene una pensión equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo.
Prestaciones: conserva el nomenclador único y establece mecanismos de actualización periódica de los aranceles.
Cobertura médica: garantiza la continuidad de las prestaciones básicas del programa Incluir Salud.
Deudas con prestadores: incorpora un cronograma para regularizar los pagos pendientes.
Auditorías: establece controles periódicos y cruces de información entre organismos estatales, con procedimientos que contemplan el debido proceso.
El desafío del Gobierno en el Senado
La discusión no se limita a una cuestión administrativa o presupuestaria. Para las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sistema de atención, el resultado tendrá consecuencias concretas sobre la continuidad de tratamientos, terapias, transporte y servicios esenciales.
El oficialismo buscará cerrar el debate parlamentario antes de diciembre, pero todavía deberá superar las negociaciones políticas y garantizar los votos necesarios.
Mientras tanto, las organizaciones y los sectores vinculados a la discapacidad siguen atentos a una discusión que pone en juego derechos, prestaciones y recursos fundamentales.
La pregunta que atraviesa el debate es si el Estado garantizará de manera efectiva y sostenible los derechos de las personas con discapacidad, más allá de los anuncios y los acuerdos parlamentarios.
