La gestión municipal de San Isidro de Lules parece haber encontrado una nueva y polémica forma de «recuperar la ciudad»: poner la firma en contra de los vecinos. Mientras la intendenta expone fotos en reunión con el ministro del Interior, Darío Monteros, para solucionar problemáticas del municipio parece que los únicos problemas que resuelven con urgencia son los de ellos mismos.
Los carteles publicitarios prometen una supuesta transformación y un idílico renacer urbano, la realidad de las calles cuenta una historia completamente distinta, marcada por el barro, el abandono y los despachos cerrados a las necesidades reales de la comunidad.
El último capítulo de esta desconexión absoluta quedó plasmado en una resolución oficial firmada por la propia intendenta Marta Albarracín, quien decidió vetar una ordenanza aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante para pavimentar una calle clave en el barrio El Cevilar.
Lejos de tratarse de una anécdota administrativa, este veto deja al descubierto el desinterés oficial por mejorar la calidad de vida de sectores postergados que siguen esperando obras básicas mientras el agua de lluvia se acumula entre baches y basurales. El argumento formal esgrimido desde el Ejecutivo local habla de supuestos desequilibrios presupuestarios, pero para el común de la gente la lectura es mucho más simple y dolorosa.
Hay plata para los relatos de campaña, pero nunca hay recursos cuando se trata de tenderle la mano al vecino de pie que camina entre el lodo todos los días.
Esta medida arbitraria se suma a un largo historial de desatinos institucionales que La Pluma Viral vienen denunciando sistemáticamente ante la opinión pública, evidenciando una administración municipal que camina por la vereda de enfrente de las urgencias populares. Las prioridades de la intendencia quedan expuestas con crudeza cuando se comparan con los gastos millonarios destinados a festivales pomposos y eventos de ocasión, donde los recursos públicos se evaporan en escenarios gigantescos mientras los bolsillos de los trabajadores municipales sufren un ajuste impiadoso.
No se puede soslayar el escándalo cotidiano que implican los salarios de miseria que perciben los empleados del municipio, sumergidos en montos cercanos a los doscientos mil pesos mensuales que rozan la indigencia y pulverizan cualquier dignidad laboral, todo esto bajo un clima de constante temor y amenazas para evitar que alcen la voz. Mientras una familia tipo necesita cifras siderales para no caer en la línea de la pobreza, el gobierno local ajusta con los trabajadores municipales y castiga a los barrios con vetos injustificables que sepultan cualquier esperanza de desarrollo genuino.
Ante este panorama desolador, las postales institucionales muestran a la intendenta reunida con el ministro del Interior, Darío Monteros, en supuestas mesas de trabajo destinadas a solucionar problemas urgentes y articular políticas provinciales.
Sin embargo, queda la amarga sensación de que los únicos problemas que se entretejen y se resuelven en esos encuentros de cúpula son los de ellos mismos, los de la casta política que vive en una burbuja blindada, completamente ajena al barro, al hambre y al olvido que se respira en cada rincón de Lules.
