El mecanismo es tan antiguo como perverso, la pauta publicitaria oficial en Tucumán ha dejado de ser una herramienta de difusión gubernamental para convertirse en un presupuesto de sometimiento periodístico. En medio de un escenario económico asfixiante, con caídas drásticas en la recaudación y una pobreza que no da tregua a las familias tucumanas, el gobierno provincial decide volcar partidas millonarias para comprar voluntades en los medios de comunicación.
La lógica del poder es lineal y contundente: quien se alinea con el discurso del Ejecutivo cobra cifras astronómicas; quien cuestiona, investiga o ejerce la crítica independiente, no recibe absolutamente nada. Esta discrecionalidad absoluta no solo vulnera los principios de libertad de expresión, sino que genera una competencia desleal devastadora. Un informe de la Pluma Viral mostro lo que el gobierno de Jaldo destina a la pauta publicitaria.
«Los tucumanos no llegan a fin de mes, pasan penurias, malvenden electrodomésticos para sobrevivir pero el gobierno tucumano tiene prioridades desordenadas: millones a pauta publicitaria»
La billetera oficial contra el periodismo libre
Los medios independientes y autogestionados deben sostenerse en un contexto donde el 65% de los trabajadores de prensa en el país percibe ingresos por debajo de la línea de pobreza y un 55% se ve obligado a recurrir al pluriempleo para subsistir. Mientras los periodistas reales pelean el día a día para mantener su independencia, los empresarios afines al poder reciben millonarias transferencias bancarias a cambio de complicidad periodística.
El cerrojo institucional: el «cajoneo» deliberado de la ley de acceso a la información
Para que la repartija discrecional funcione sin sobresaltos, se requiere oscuridad.
Tucumán sigue figurando entre las provincias del país que carecen de una ley efectiva de acceso a la información pública, una deuda institucional inadmisible. A pesar de que en 2024 se presentó un proyecto legislativo que prometía abrir las cuentas del Estado y transparentar la administración pública, la iniciativa permanece intencionalmente «cajoneada» en la Legislatura provincial.
El bloqueo a esta normativa no responde a negligencia administrativa, sino a un cálculo político meticuloso. Sin un marco legal que obligue al Poder Ejecutivo a publicar los montos desagregados y los criterios de adjudicación de la pauta publicitaria, la ciudadanía desconoce el destino real de los fondos públicos.
El gobierno de Osvaldo Jaldo ejecutó montos desorbitantes en propaganda oficial durante 2025 y autorizó partidas astronómicas extraordinarias que superan miles de millones de pesos, maniobras que se mantienen al margen del escrutinio ciudadano justamente gracias a la falta de transparencia deliberada.
192 millones para El Tucumano
192 millones para blindar la imagen del gobernador. Las investigaciones y publicaciones reveladas por La Pluma Viral exponen con números precisos el costo de este blindaje mediático.
El Grupo mediático alineado con la gestión provincial se consolida como uno de los mayores beneficiarios de esta caja. Únicamente entre el portal digital eltucumano.com —que recibió aproximadamente $128.000.000 provenientes de la Caja Popular de Ahorros— y la emisora Radio La Tucumana —beneficiada con $64.000.000—, el oficialismo destinó la cifra de 192 millones de pesos.
Esta suma monumental otorgada a dos plataformas pertenecientes al mismo entramado mediático dirigido periodísticamente por Julio Valenzuela deja al descubierto el premio a la obsecuencia.
Mientras el sitio web y la radio reproducen acríticamente la agenda del gobierno e intentan maquillar la dura realidad tucumana, las partidas presupuestarias hacia estos espacios no dejan de incrementarse.
La asimetría es vergonzosa: mientras el gobernador argumenta que hay que cuidar cada peso de las arcas públicas, los fondos destinados a mantener la pauta oficial de sus voceros predilectos fluyen sin condicionamiento ni límites.
