Cinco juicios de cuentas terminaron con cargos fiscales contra funcionarios y exfuncionarios de cuatro comunas rurales. El Tribunal de Cuentas ordenó gestionar el cobro de los fondos pendientes, mientras advierte que las 93 comunas de la provincia arrastran graves falencias contables. El caso vuelve a poner en discusión los controles sobre los delegados comunales durante el gobierno de Osvaldo Jaldo.
Más de $205 millones deberán afrontar funcionarios y exfuncionarios de comunas rurales de Tucumán tras el cierre de cinco juicios de cuentas por fondos públicos que no fueron regularizados en su totalidad. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas, firmadas entre el 13 y el 15 de octubre, fijaron cargos fiscales contra responsables de cuatro comunas y ordenaron avanzar con las gestiones para recuperar el dinero.
El dato es contundente: los cargos fiscales suman $205.335.949,04 y seguirán actualizándose hasta su pago efectivo. La cifra corresponde a observaciones de distintos períodos comprendidos entre 2021 y 2025, por lo que involucra tanto a funcionarios en ejercicio como a exautoridades comunales.
El caso abre un interrogante político e institucional para la administración de Osvaldo Jaldo:
¿qué controles se están aplicando para garantizar que los recursos públicos que reciben las comunas rurales se registren, se rindan y puedan ser auditados correctamente?
Las resoluciones no constituyen condenas penales ni prueban por sí mismas la comisión de delitos. Sin embargo, sí establecen responsabilidades patrimoniales en los procedimientos administrativos y obligan a avanzar con el recupero de los montos determinados.
Gobernador Piedrabuena: un cargo de más de $90 millones
El expediente de mayor cuantía corresponde a la comuna rural de Gobernador Piedrabuena. Mediante el Acuerdo N.º 3944, del 13 de octubre, el Tribunal de Cuentas declaró patrimonialmente responsables al comisionado comunal Lautaro Hugo Apestey y al secretario habilitado Carlos Ríos.
La causa se originó por la falta de regularización del Comprobante de Observación N.º 2918, correspondiente al primer bimestre de 2025. El importe observado originalmente ascendía a $61.602.288,26.
Según la resolución, ambos funcionarios habían sido declarados en rebeldía mediante el Acuerdo N.º 2442, del 26 de junio de 2026, y no presentaron pruebas para subsanar las observaciones durante el procedimiento.
El organismo fijó finalmente un cargo fiscal de $90.628.800,28, actualizado al 28 de agosto de 2026.
La magnitud del monto y la falta de documentación presentada para regularizar las observaciones ponen bajo la lupa los mecanismos de rendición y control de los fondos públicos en esa comuna.
Los Bulacios y Los Villagras: otros $86 millones
El segundo caso de mayor volumen corresponde a Los Bulacios y Los Villagras. A través del Acuerdo N.º 3995, del 15 de octubre, el Tribunal declaró patrimonialmente responsables al comisionado comunal Cristian Argañaraz y a la secretaria habilitada Claudia Marcela Bulacio.
El expediente se inició por observaciones contables correspondientes al primer bimestre de 2025, con un saldo original de $57.720.832,40.
Aunque durante el procedimiento se realizaron las notificaciones y se habilitó la instancia para que los responsables ejercieran su defensa, el organismo determinó que persistía la falta de regularización del importe cuestionado.
El resultado fue un cargo fiscal de $86.639.649,94, actualizado al 31 de agosto de 2026.
Entre los dos expedientes de mayor cuantía, Gobernador Piedrabuena y Los Bulacios y Los Villagras, concentran más de $177 millones, cerca del 86% del total de los cargos fiscales informados.
Los otros expedientes: San Pablo y El Chañar
Los restantes casos completan el monto de $205.335.949,04 establecido en las cinco resoluciones.
San Pablo y Villa Nougués: mediante el Acuerdo N.º 3959, del 14 de octubre, el Tribunal fijó un cargo fiscal de $18.536.969,36 contra el exdelegado comunal Sergio Luis Castro y el exsecretario habilitado Miguel Antonio Fernández. La causa se originó en observaciones de una rendición del sexto bimestre de 2022. La documentación presentada permitió regularizar parcialmente el expediente, pero quedó un saldo pendiente.
El Chañar: a través del Acuerdo N.º 3940, del 13 de octubre, se estableció un cargo fiscal de $8.685.307,03 contra el comisionado comunal Fabio Roque Pérez. Las observaciones correspondían al primer bimestre de 2024. Durante el procedimiento se presentó documentación respaldatoria que permitió justificar parte de los gastos, aunque persistió un saldo sin regularizar.
Gobernador Piedrabuena, gestión anterior: el Acuerdo N.º 3968, del 14 de octubre, fijó un cargo de $845.222,43 contra la excomisionada comunal Olga Estela Lucena y el secretario habilitado Carlos Enrique Ríos, por observaciones correspondientes al tercer bimestre de 2021.
La advertencia que alcanza a las 93 comunas rurales
Más allá de los nombres y de los montos, el dato más preocupante es el diagnóstico general del Tribunal de Cuentas sobre la administración comunal.
Al evaluar la Cuenta de Inversión 2025, mediante el Acuerdo N.º 3482, el organismo advirtió que las 93 comunas rurales de Tucumán llevan registros contables precarios y carecen de un sistema que permita obtener información confiable, precisa y oportuna.
El Tribunal señaló que, aunque se había presentado el 99,10% de los estados contables bimestrales, persistían deficiencias estructurales en los mecanismos de registración. Por eso recomendó implementar un sistema contable adecuado.
La advertencia expone una debilidad que va más allá de un funcionario o una comuna en particular: sin registros confiables, el control del dinero público pierde eficacia y la ciudadanía encuentra más dificultades para conocer cómo se administran los recursos.
El desafío político para el gobierno de Jaldo
Los cargos fiscales vuelven a instalar una discusión que el Gobierno provincial no puede reducir a una serie de expedientes administrativos. Las comunas rurales forman parte de la estructura institucional de Tucumán y la rendición de sus cuentas es una condición básica para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La responsabilidad patrimonial recae sobre los funcionarios alcanzados por cada resolución. Pero el diagnóstico sobre las falencias contables de las 93 comunas plantea, además, un desafío de gestión: fortalecer los controles, mejorar los sistemas de registración y garantizar que las observaciones sean subsanadas en tiempo y forma.
En ese contexto, la administración de Osvaldo Jaldo queda ante una pregunta que exige respuestas concretas: ¿qué medidas se adoptarán para corregir las deficiencias estructurales y evitar que las rendiciones pendientes vuelvan a traducirse en cargos millonarios?
Por ahora, el Tribunal de Cuentas dispuso remitir las actuaciones a su Departamento Judicial para gestionar el cobro y avanzar con la ejecución cuando corresponda. Los montos continuarán actualizándose hasta su cancelación efectiva.
La discusión de fondo sigue abierta: controlar el destino de los fondos públicos no puede ser una tarea que comience cuando las observaciones ya acumulan millones de pesos. Debe ser una obligación permanente de cada comuna y una prioridad de la administración provincial.
