A horas de la Quinta Marcha Federal Universitaria, estudiantes de Filosofía y Letras denunciaron provocaciones, amenazas y presuntos intentos de intimidación por parte de efectivos policiales. Señalan que un oficial habría increpado a un alumno dentro de la facultad. La autonomía universitaria y los límites del accionar policial quedaron en el centro de la polémica.
La tensión entre estudiantes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Policía volvió a encender las alarmas en la antesala de una nueva movilización en defensa de la educación pública. Las denuncias por aprietes y amenazas contra alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras exponen una situación que exige explicaciones urgentes de las autoridades.
Según una publicación difundida por sectores estudiantiles, durante la protesta realizada el miércoles 14 de octubre, en reclamo por la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, se habrían producido provocaciones e intimidaciones hacia los manifestantes.
Pero la denuncia no terminó allí. De acuerdo con el relato difundido en redes sociales, un oficial identificado como Diego Navarro habría ingresado a un baño de la facultad y confrontado a un estudiante de la carrera de Historia, a quien presuntamente desafió y amenazó por lo ocurrido durante el corte de calle del día anterior.
El episodio, cuya secuencia completa requiere ser esclarecida, generó fuertes cuestionamientos al accionar policial. Si se confirman los hechos denunciados, no se trataría de un simple intercambio de palabras, sino de una conducta incompatible con la responsabilidad que debe asumir cualquier integrante de una fuerza de seguridad.
La autonomía universitaria no se negocia
La polémica también pone sobre la mesa un punto central: la autonomía de las universidades nacionales y los límites legales de la intervención de las fuerzas de seguridad.
El artículo 31 de la Ley de Educación Superior 24.521 establece que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales sin una orden escrita, previa y fundada de un juez competente o sin una solicitud expresa de la autoridad universitaria legítimamente constituida. La aplicación de esta disposición al episodio denunciado requiere determinar dónde ocurrieron los hechos, si hubo ingreso policial y bajo qué circunstancias.
La norma no elimina las responsabilidades legales de quienes se encuentren dentro de una universidad, pero sí establece garantías específicas para proteger su autonomía institucional.
¿Control policial o intimidación?
En vísperas de la Quinta Marcha Federal Universitaria, las denuncias abren interrogantes que no pueden quedar sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente dentro de la facultad?, ¿por qué un estudiante habría sido increpado por un episodio vinculado con una protesta?, ¿qué medidas adoptarán las autoridades para esclarecer lo sucedido?
La Policía tiene la obligación de garantizar la seguridad y actuar dentro de la ley. No puede utilizar su autoridad para amedrentar, amenazar ni castigar a quienes ejercen pacíficamente su derecho a reclamar.
Los estudiantes tienen derecho a manifestarse y expresar sus demandas sin temor a represalias. La protesta social no puede convertirse en una excusa para justificar abusos de autoridad.
La Facultad de Filosofía y Letras de la UNT expresó su repudio
En este contexto, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT expresó su repudio a los actos de hostigamiento y amedrentamiento denunciados por estudiantes. A través de un comunicado, la institución puso el foco en la gravedad de estos hechos y en la necesidad de garantizar que los alumnos puedan desarrollar sus actividades académicas y participar de las expresiones de protesta sin amenazas ni intimidaciones. El episodio vuelve a poner en discusión el respeto por la autonomía universitaria y los límites de la intervención policial dentro de los espacios educativos.
Exigen explicaciones
Ante la gravedad de las acusaciones, corresponde que las autoridades policiales y provinciales brinden explicaciones, se esclarezcan los hechos y, si se comprueban irregularidades, se determinen las responsabilidades correspondientes.
En una provincia donde la comunidad universitaria vuelve a movilizarse por el financiamiento de la educación pública, cualquier denuncia de intimidación contra estudiantes debe ser investigada con seriedad y transparencia.
La autoridad no habilita el abuso. Y el uniforme no puede convertirse en una herramienta de intimidación contra quienes reclaman por sus derechos.
