Con una sesión convocada para las 14, los bloques opositores buscarán prorrogar la Emergencia en Discapacidad, impulsar medidas para aliviar el endeudamiento de las familias y rechazar el decreto de desregulación económica. El quórum está en duda, mientras el Gobierno intenta desactivar la ofensiva parlamentaria con proyectos propios.
La oposición buscará este jueves dar una señal política contra el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados. La sesión, convocada para las 14, tiene como ejes centrales la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, el tratamiento de iniciativas destinadas a brindar respuestas a las familias endeudadas y el rechazo del DNU 70/23, una de las principales herramientas de desregulación económica impulsadas por el Presidente.
La convocatoria se desarrolla en un escenario de fuerte tensión política y social, en coincidencia con la quinta Marcha Federal Universitaria, que reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la posibilidad de abrir el recinto todavía depende de una negociación contrarreloj: la oposición necesita reunir 129 diputados para alcanzar el quórum y comenzar el debate.
Emergencia en Discapacidad: la presión sobre el Gobierno
La situación de las personas con discapacidad y sus familias vuelve a ocupar un lugar central en la agenda parlamentaria. La oposición pretende avanzar con la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, en medio de los cuestionamientos a las políticas de ajuste y de las dificultades económicas que atraviesan miles de hogares.
El debate también está atravesado por el endeudamiento familiar y la necesidad de impulsar medidas que ofrezcan respuestas concretas a quienes enfrentan dificultades para afrontar sus gastos.
Frente a esta presión, el oficialismo anunció que eliminará del proyecto de Presupuesto 2027 los artículos que contemplaban un fuerte ajuste sobre el sector de la discapacidad. Además, presentó una iniciativa propia que recupera los principales puntos de la actual ley de Emergencia en Discapacidad.
La decisión representa un cambio en la estrategia del Gobierno, que busca descomprimir los cuestionamientos y restarle fuerza a la sesión opositora. No obstante, la discusión parlamentaria sigue abierta y los bloques opositores intentarán sostener el reclamo por una respuesta legislativa.
El quórum, la principal incógnita
La convocatoria fue impulsada por Unión por la Patria, que cuenta con 92 diputados, junto con sectores de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Primero San Luis, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Defendamos Córdoba y Coherencia.
Ese armado reúne una base de 112 legisladores. Los sectores más optimistas esperan sumar tres diputados misioneros de Argentina Federal y otros cuatro cordobeses de Provincias Unidas, vinculados al gobernador Martín Llaryora.
Del otro lado, el oficialismo y sus aliados también cuentan con una cantidad importante de legisladores, por lo que el resultado dependerá de la posición que adopten los bloques provinciales.
La atención está puesta especialmente en Independencia, con tres integrantes vinculados al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo; Elijo Catamarca, con tres diputados referenciados en Raúl Jalil; y Argentina Federal, que cuenta con cinco integrantes y tiene entre sus principales referencias al gobernador salteño Gustavo Sáenz.
La decisión de esos espacios puede resultar determinante para definir si la oposición consigue abrir el recinto.
El DNU 70/23, otra disputa con Milei
El intento de rechazar el DNU 70/23 cobró nuevo impulso tras el fallo de la Corte Suprema que dejó en pie la derogación de la Ley de Tierras incluida en el decreto presidencial.
La normativa original, sancionada en 2011, establecía límites a la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre sus disposiciones, fijaba un tope del 15% para la titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros en los ámbitos nacional, provincial y municipal.
Ante el impacto político de la decisión judicial, el oficialismo incorporó a su proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un capítulo destinado a restablecer la vigencia de la Ley 26.737. La iniciativa busca responder a los cuestionamientos sobre la extranjerización de la tierra sin tener que derogar integralmente el DNU.
El decreto, vigente desde diciembre de 2023, modificó y derogó numerosas normas. Entre sus medidas se encuentran la eliminación de las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres, además de cambios en la regulación de las tasas bancarias, los precios de las prepagas y el mercado aerocomercial.
La oposición considera que el debate excede la cuestión de las tierras y apunta al alcance general de la desregulación económica impulsada por Milei.
El Gobierno busca desactivar la sesión
En las horas previas al debate, distintos legisladores opositores admitieron que alcanzar el quórum será difícil. La decisión de la Corte Suprema y el cambio de postura del oficialismo respecto de la Ley de Tierras redujeron parte de la presión política que impulsaba la convocatoria.
A esto se suma que el oficialismo consiguió un dictamen de mayoría sobre las iniciativas vinculadas al endeudamiento y prepara una agenda legislativa propia para el 21 de octubre.
La Libertad Avanza busca avanzar entonces con sus proyectos de Propiedad Privada, Discapacidad y, eventualmente, Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada a la cuestión Malvinas. La estrategia también podría restarle protagonismo a la sesión impulsada por la oposición.
Una pulseada clave para la agenda social
La sesión de Diputados se presenta como una nueva prueba para el oficialismo y para los bloques que buscan frenar o modificar aspectos centrales del programa económico del Gobierno.
La prórroga de la Emergencia en Discapacidad concentra uno de los reclamos sociales más sensibles, mientras que el rechazo del DNU 70/23 vuelve a poner en discusión el alcance de las reformas impulsadas por Milei.
La incógnita inmediata es si la oposición logrará reunir los 129 presentes necesarios para abrir el recinto. Si consigue el quórum, tendrá la oportunidad de llevar sus reclamos al debate parlamentario; si no lo alcanza, la disputa continuará en un Congreso atravesado por las negociaciones políticas y la presión social.
