Frente a la amenaza de tormentas cada vez más violentas, la inacción de Jaldo, Monteros y la conducción de Obras Públicas expone la falta de planificación hídrica y deja a miles de tucumanos a merced del agua.
Tucumán se encamina hacia una nueva temporada de tormentas bajo la sombra implacable del fenómeno conocido como el “Súper Niño”. Sin embargo, la mayor amenaza para la provincia no proviene únicamente del cielo, sino de los despachos oficiales de la Casa de Gobierno. La absoluta falta de un plan integral de infraestructura hídrica, la parálisis en la ejecución de obras estructurales para prevenir inundaciones y la burocracia estatal dejan al descubierto una gestión provincial sin respuestas frente a la emergencia climática.
Bajo el mando del gobernador Osvaldo Jaldo, la política pública en materia de prevención se ha reducido a meras tareas cosmetológicas de desmalezado o limpieza de canales a último momento. Por su parte, la articulación territorial conducida por el ministro del Interior, Darío Monteros, falla en dotar a los municipios y comunas del interior de las herramientas y presupuestos necesarios para frenar el impacto de los desbordes.
A esta inacción se suma la parálisis estructural de la cartera de Obras Públicas a cargo de Marcelo Nazur en la provincia, cuya incapacidad para proyectar y ejecutar obras de fondo vuelve a colocar en situación de vulnerabilidad extrema a miles de familias tucumanas.
La advertencia de los expertos: Tormentas más violentas y localizadas
El diagnóstico técnico es contundente. Según explicó el Ing. Leandro Díaz, director del Laboratorio de Construcciones Hidráulicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología (FACET) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el peligro actual radica en la frecuencia y concentración de las precipitaciones.
Precipitaciones de alta intensidad
Aunque el milimetraje total acumulado en el año no necesariamente supere los promedios históricos, el calentamiento de la atmósfera genera mayor energía, traducida en lluvias de corta duración pero extremadamente violentas y concentradas en puntos específicos.
Las sierras del oeste y norte frenan los vientos húmedos del sudeste, precipitando grandes volúmenes de agua en el piedemonte que bajan a alta velocidad hacia las zonas urbanizadas.
Colapso del sistema pluvial y desbordes
Díaz distingue entre la inundación pluvial —que ocurre cuando las precipitaciones superan la capacidad de escurrimiento de cunetas, imbornales y canales como el Cintura Norte y Sur— y la inundación por desborde, donde ríos y arroyos pierden capacidad de descarga y avanzan sobre poblados vulnerables como La Madrid.
Crecimiento desordenado y falta de gobernanza hídrica
El análisis del especialista pone al descubierto la vulnerabilidad provocada por años de falta de controles urbanísticos por parte del Estado. La expansión edilicia sobre paleocauces (antiguos lechos de ríos), la ocupación del Camino de Sirga y las construcciones al borde de los canales han reducido drásticamente la capacidad absorbente del suelo. En localidades del sur provincial, como La Madrid, la alteración no planificada de zonas de bañados (como el del río San Francisco) hace que las inundaciones sean cada vez más recurrentes y duraderas.
El punto más crítico señalado por el profesional de la UNT es la ausencia de un organismo centralizado de planificación hídrica a gran escala. Hoy en día, la dispersión de áreas técnicas atrapadas en la burocracia de distintos ministerios impide un trabajo unificado y preventivo. Asimismo, se requiere asignar un presupuesto anual permanente destinado al mantenimiento y adecuación de ríos y canales en ciclos continuos de dos a tres años, en lugar de recurrir a intervenciones paliativas de emergencia cuando la tragedia ya se desencadenó.
Sin planificación ni presupuesto, la tormenta perfecta
Mientras otras regiones afectadas por el ciclo climático implementan alertas tempranas y refuerzos defensivos, Tucumán sigue atada a la improvisación oficial. La falta de mapas de riesgo actualizados, la ausencia de regulaciones estrictas para limitar la impermeabilización de suelos en nuevas urbanizaciones y la inacción política de la gestión provincial exponen a la comunidad a severas consecuencias. Ante un fenómeno climático de gran magnitud, la inercia gubernamental vuelve a dejar a la población a merced del agua.
