Los constantes reclamos, duras críticas y severas objeciones tanto de sectores sociales como de diversos espacios políticos contra el desempeño del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) terminaron por constituir el caldo de cultivo que promovió la presentación de un abarcativo proyecto de ley en la Legislatura provincial.
La iniciativa busca reestructurar de manera integral el funcionamiento, la composición y los mecanismos de fiscalización del organismo regulador frente a la prestación de las empresas concesionarias de energía eléctrica, agua potable y cloacas.
Con la intención de revertir la ineficacia en los controles y frenar la convalidación de subas en los cuadros tarifarios, la propuesta legislativa pretende democratizar la conducción del ente y otorgar un rol decisivo a los usuarios golpeados por deficiencias históricas en los servicios esenciales.
El proyecto ingresado a la Cámara parlamentaria lleva como primera firma la del legislador peronista Hugo Ledesma dirigente que se caracterizó por cuestionar abiertamente en el recinto el accionar del ente regulador y por marcar notorias diferencias respecto de la bancada oficialista en iniciativas vinculadas a sus competencias o a la fiscalización de la empresa EDET.
En esta oportunidad, la propuesta de Ledesma contó con el respaldo multipartidario de parlamentarios de la oposición, figurando entre las rúbricas los legisladores Walter Berarducci, José Cano, Silvia Elías de Pérez, Agustín Romano Norri, Manuel Courel, José Seleme y Claudio Viña. Asimismo, el texto no surgió de forma aislada, sino que parte de la base de un anteproyecto elaborado y acercado al Poder Legislativo por asociaciones de defensa de los derechos de consumidores y usuarios como REDECU, FODECUS y LA UNIÓN, ingresado bajo el expediente N° 153-VL-26.
En los fundamentos que acompañan el escrito, Ledesma plasman una dura radiografía sobre el estado del suministro eléctrico y la falta de controles efectivos en Tucumán, al señalar que «mis manifestaciones públicas y en sesiones en relación al paupérrimo servicio que prestan EDET y TRANSNOA en la Provincia me eximen de mayores comentarios al respecto. Como tucumanos pagamos precios exorbitantes por un servicio pésimo en materia de energía eléctrica, llevando a los consumidores y usuarios a un escenario que ya es insostenible». En ese mismo sentido, se cuestiona la pasividad de las autoridades al expresar que «lo grave es que los mecanismos de control que el Estado debe hacer funcionar en tanto garante del adecuado funcionamiento de los servicios públicos no está cumpliendo su cometido, habida cuenta de la gran cantidad de reclamos sin atender, y la premura demostrada por el Ente en convalidar cada aumento tarifario que la empresa requiere».
El documento remarca que las modificaciones solicitadas «permitirán robustecer la participación de asociaciones de consumidores y usuarios, lo que redundará en un mejor funcionamiento del Ente, para la consecución de los fines y objetivos para los cuales fue creado: no permitir que las empresas en general -y EDET y TRANSNOA en particular- hagan lo que quieran con el pueblo tucumano».
Entre las modificaciones centrales a la Ley N° 8479 (de creación del ente), la propuesta dispone una profunda reconfiguración del Directorio del ERSEPT para restar injerencia al Poder Ejecutivo y dar representación a las minorías políticas y a la sociedad civil. Al respecto, el articulado establece que «el ERSEPT será dirigido y administrado por un Directorio de seis (6) miembros, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura: tres (3) a propuesta del Poder Ejecutivo; dos (2) a propuesta de las fuerzas políticas de oposición con mayor representación legislativa, uno por cada una; y uno (1) a propuesta de las asociaciones de usuarios y consumidores inscriptas en el Registro previsto en esta ley». Además, la norma reemplaza la figura individual del representante del usuario por la creación del Consejo de Usuarios del ERSEPT como «órgano permanente de participación y asesoramiento para la protección de los derechos de los usuarios», asignándole presupuesto propio e imponiendo que «el Consejo deberá ser oído antes de las decisiones tarifarias y de las modificaciones de los reglamentos de prestación y de los indicadores de calidad. Sus opiniones no serán vinculantes, pero deberán ser consideradas y respondidas fundadamente».
Finalmente, el proyecto fija que «la audiencia pública y oral como instancia obligatoria de participación previa a toda revisión, actualización, ajuste o modificación tarifaria», incorporando la figura independiente del Defensor del Usuario para velar por los derechos de la población en cada procedimiento.
La iniciativa ya se encuentra en estudio de las comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte como así también de Asuntos Constitucionales e Institucionales donde se verá la modalidad en el tratamiento del mismo si es que el oficialismo que conduce dichos órganos le otorgan celeridad a los dictámenes respectivos para que llegue al recinto a su debate o bien paralizará cualquier intento de progresión legislativa.
