La mujer, de 36 años, habría ofrecido trámites judiciales y administrativos que nunca concretó. Según la acusación, decía tener contactos y vínculos profesionales para captar clientes. La Justicia dispuso que permanezca sujeta a reglas de conducta.
La mujer fue imputada este lunes 28 de septiembre por cuatro presuntas estafas. De acuerdo con la acusación, se presentaba como empleada o gestora de un estudio jurídico y ofrecía realizar trámites judiciales y administrativos para los que aseguraba contar con contactos y capacidad de gestión.
La audiencia de formalización de la investigación, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción se realizó ante la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila. La mujer manifestó ser estudiante de Derecho y estar cursando actualmente la carrera.
El Ministerio Público Fiscal le atribuyó, de manera provisoria, el delito de estafa en cuatro oportunidades. Según explicó el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, la imputada habría repetido un mecanismo similar en cada episodio: se presentaba como alguien vinculada con un estudio jurídico y ofrecía resolver gestiones que, finalmente, no llevaba adelante.
Con esa modalidad, habría generado en las víctimas la impresión de que estaban contratando servicios profesionales y de que los trámites prometidos podían concretarse. La investigación busca establecer las circunstancias de cada caso y el destino de los pagos y bienes que habría recibido.
Las gestiones que habría ofrecido
Uno de los hechos investigados se habría extendido entre 2025 y 2026. En ese caso, la mujer habría ofrecido gestionar una autorización ante el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) y resolver multas ante la Dirección General de Rentas para el titular de un comercio.
Por esas gestiones habría recibido distintos pagos que, en conjunto, superaron los $464.000. Según la acusación, pese a haber cobrado el dinero, no concretó ninguno de los trámites comprometidos.
En otro episodio, habría asegurado a un hombre que podía iniciar y tramitar un juicio por daños y perjuicios, con el objetivo de ayudarlo a resolver una deuda con el Banco Hipotecario. Por esa tarea habría percibido $505.000, aunque el proceso judicial nunca se inició.
El tercer caso estaría relacionado con un inmueble ubicado en Alderetes. La imputada habría ofrecido regularizar la situación jurídica de la propiedad mediante el inicio de un juicio de prescripción adquisitiva y la contratación de un agrimensor.
Por diferentes conceptos vinculados con esa gestión, habría recibido $1.025.300. Sin embargo, de acuerdo con la acusación fiscal, no realizó posteriormente el trámite que había ofrecido.
El cuarto hecho habría ocurrido en abril de 2026. En esa oportunidad, la mujer habría manifestado ser abogada y ofrecido realizar gestiones relacionadas con un boleto de compraventa y documentación ante el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).
Como pago por esa tarea, habría recibido una motocicleta y $200.000. La investigación constató que no existía ningún trámite iniciado ante el organismo provincial.
De acuerdo con los montos detallados en la acusación, los pagos en efectivo habrían superado los $2.194.300, además de la motocicleta mencionada en el último hecho. La cifra surge de los importes informados para cada episodio y no incluye una valuación del vehículo.
La medida dispuesta
Tras escuchar los planteos de las partes, la Justicia dispuso que la imputada quede sujeta a reglas de conducta. La acusación fue formulada en esta etapa de la investigación y deberá ser analizada durante el proceso judicial.
La Fiscalía sostiene que las cuatro maniobras habrían seguido un patrón común: ofrecer servicios jurídicos o administrativos, recibir dinero o bienes a cambio y no realizar las gestiones comprometidas. La investigación continuará para reunir y examinar las pruebas de cada caso.
