Nota Exclusiva de La Pluma Viral – Parte I
Los decretos publicados por el Gobierno de Tucumán vuelven a poner bajo la lupa un mecanismo de asistencia social que mueve millones de pesos del Tesoro provincial a través de organizaciones y movimientos sociales, con una pregunta central todavía pendiente:
¿Cuál es el criterio concreto utilizado para seleccionar a estas entidades y cómo se controla que los fondos lleguen efectivamente a quienes los necesitan?
Los documentos oficiales muestran una sucesión de subsidios otorgados durante 2026. En muchos casos, las organizaciones solicitan dinero para un determinado número de personas y el Gobierno dispone el pago directamente desde partidas de “Ayudas Sociales a Personas”.
Uno de los casos más recientes es el movimiento “Libres del Sur”. Mediante el Decreto N.º 1.919/14, fechado el 18 de agosto de 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo autorizó un subsidio de $29.430.000. El dinero se imputa al presupuesto del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Pero no fue un hecho aislado.
En julio, otro decreto había otorgado nuevamente $29.430.000 a requerimiento de Libres del Sur.
También aparece “Bienestar Comunitario”, organización a la que el Decreto N.º 1.863/14 otorgó $12 millones.
Y la lista continúa.
“Voces de Barrio” recibió durante 2026 sucesivos subsidios: $29,18 millones en marzo; $29,33 millones en abril; $29,42 millones en julio $29,42 millones.
Por su parte, “Esperanza y Fraternidad” recibió $20,5 millones mediante el Decreto N.º 1.758/14.
Más de $208 millones en estos casos
Tomando solamente esos ocho decretos identificados, el monto acumulado asciende a aproximadamente $208,71 millones.
Y aquí aparece el verdadero interrogante.
No se trata de cuestionar que una persona en situación de vulnerabilidad pueda recibir asistencia estatal.
El Estado tiene justamente entre sus responsabilidades atender situaciones sociales críticas.
El problema es otro: la transparencia del mecanismo.
Los decretos establecen quién solicita el subsidio, cuántas personas aparecen en el listado y cuánto dinero se autoriza, pero para el ciudadano común no siempre resulta evidente qué actividad concreta desarrolla cada organización, dónde funciona, qué infraestructura posee, quiénes son sus responsables, qué contraprestación brinda y qué controles posteriores realiza el Estado.
¿Quién controla la caja social?
Además, existe una particularidad política que merece ser observada.
Federico Masso es actualmente ministro de Desarrollo Social y, según el sitio oficial de Libres del Sur, también figura como presidente de esa organización en Tucumán.
Sin embargo, hay que precisar un dato importante: los decretos analizados son instrumentos del Poder Ejecutivo y la partida presupuestaria está dentro del Ministerio de Gobierno y Justicia, no del Ministerio de Desarrollo Social. En los documentos publicados, la firma corresponde a Osvaldo Jaldo y el refrendo a Regino Amado.
Por eso, la pregunta periodística no debería ser si Masso firmó estos subsidios —los documentos no muestran eso— sino qué relación institucional existe entre las organizaciones que reciben asistencia y las estructuras políticas que trabajan territorialmente con ellas.
El propio Gobierno informó que Masso mantiene reuniones y articula acciones con numerosas organizaciones sociales y territoriales. En agosto de 2026, por ejemplo, comunicó un encuentro con la Mesa de Organizaciones Sociales, integrada por ocho organizaciones.
Nombres parecidos, expedientes distintos y una misma pregunta
“Voces de Barrio”, “Bienestar Comunitario”, “Barrios en Comunidad”, “Esperanza y Fraternidad” y otras denominaciones aparecen en distintos expedientes de asistencia social.
Pero también hay que hacer una precisión: no puede afirmarse documentalmente que todas esas organizaciones hayan aparecido recién a fines de 2025. Hay antecedentes anteriores. Por ejemplo, “Voces de Barrio Asociación Civil” figura incluso en documentación nacional de 2017, mientras que Libres del Sur tiene una trayectoria política mucho más antigua.
Eso no elimina el interrogante sobre por qué determinadas organizaciones reciben sucesivos desembolsos y bajo qué criterios se determina el monto para cada beneficiario.
La caja pública no puede funcionar a ciegas
Cuando se utilizan recursos públicos, la explicación no debería terminar con la publicación de un decreto.
Los tucumanos tienen derecho a conocer:
* Quiénes integran cada organización;
* Qué actividad social realizan efectivamente;
* Dónde funcionan;
* Cuántas personas asisten regularmente;
* Cómo se confeccionan los padrones de beneficiarios;
* Qué documentación presentan para justificar la asistencia;
* Qué controles realiza el Estado;
* Y qué mecanismos existen para verificar posteriormente el destino de los fondos.
Porque $29 millones, $20 millones o $12 millones no son simples números administrativos. Son recursos que salen de la caja pública.
Y cuando los subsidios se multiplican, la pregunta deja de ser cuánto dinero se entrega y pasa a ser mucho más importante:
¿Quién decide quién recibe, por qué lo recibe y quién controla después que cada peso llegue realmente a quien lo necesita?
La transparencia no debería ser una opción política. Debería ser una obligación cuando la plata es de todos.
