Un ataque a tiros contra la casa de una mujer que había denunciado la desaparición por unas horas de Javier “Chuky” Casanova —procesado por tenencia simple de droga y por haberse tiroteado con una facción rival— activó una investigación simultánea de la Policía y del Ministerio Público Fiscal.
La trabajadora había sido quien reportó desde el Centro de Monitoreo que el imputado había abandonado su domicilio pese a estar bajo arresto domiciliario. El ataque se produjo el sábado a la madrugada. “Fue un mensaje claro”, señaló un investigador que participó de la constatación en el lugar. La víctima presentó la denuncia en Tribunales.
El fiscal Mariano Fernández, a cargo de las causas originales contra Casanova, también analiza esta balacera por su posible conexión con las anomalías detectadas en el traslado del acusado.
Irregularidades bajo la lupa
Hasta ahora, el fiscal Fernández detectó una serie de maniobras que calificó como graves:
El Servicio Penitenciario informó a las 15.30 del miércoles 12 que no había pulseras electrónicas disponibles. Sin embargo, Casanova llegó a su domicilio en barrio Oeste II cerca de medianoche con un dispositivo colocado.
El juez Taylor había ordenado previamente un informe técnico de factibilidad sobre la pulsera, un procedimiento que normalmente lleva un día. En este caso se habría resuelto en cuestión de horas.
El magistrado dispuso que, si no había pulseras, la Policía debía realizar rondas diarias para verificar el cumplimiento del arresto. Desde la fuerza confirmaron que nunca fueron notificados.
El jueves 13, a las 6.04, el Centro de Monitoreo reportó que Casanova había salido de la vivienda. A las 7.30, personal del Servicio Penitenciario constató su ausencia.
Sin embargo, a las 9.44, el mismo personal regresó y afirmó encontrarlo en el lugar, tras lo cual fue trasladado al penal de Benjamín Paz.
Los defensores del imputado, Facundo Herrera y Patricio Char, niegan que “Chuky” haya abandonado la casa. “No estábamos al tanto de este caso. Pero desde ya negamos que él haya tenido que ver con el hecho. No sería capaz de entorpecer la investigación cuando está cerca de ser sobreseído en los dos expedientes. Puede ser una maniobra en su contra”, planteó Herrera.
Para los investigadores, el personal del Servicio Penitenciario queda bajo sospecha, ya que serían los únicos con acceso a los datos de la trabajadora que denunció la irregularidad. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaron que se inició un sumario administrativo cuyo resultado será enviado a la Justicia.
