El diputado libertario, Gerardo Huesen, acusó directamente a la «Adorni tucumana» de utilizar recursos del Estado para financiar aprietes, golpes y amenazas de muerte contra su equipo durante una recorrida.
El escándalo crece en Graneros con la «patota municipal de Raquel Graneros». Acusan a la intendencia de financiar agresiones con fondos públicos y la tensión política escaló de forma dramática en el sur tucumano.
El diputado nacional por La Libertad Avanza, Gerardo Huesen, denunció formalmente haber sufrido violentas agresiones físicas y amenazas de muerte mientras realizaba una recorrida junto a su equipo en la ciudad de Graneros. El legislador apuntó de forma directa contra la intendente Raquel Graneros, señalando que los atacantes respondían a su administración y operaban con total impunidad.
Empleados de Raquel Graneros nos agredieron y amenazaron de muerte
Según detalló Huesen, los incidentes comenzaron tras una reunión con vecinos, momento en el cual se trasladaron hacia la zona de El Badén para supervisar obras municipales. Fue en ese trayecto donde simpatizantes, empleados y funcionarios vinculados a la jefa comunal interceptaron a la comitiva.
«Funcionarios y empleados de Raquel Graneros nos agredieron y amenazaron de muerte. La vieja política se siente dueña del interior, y peor aún, de la gente», disparó el diputado libertario a través de sus redes sociales, en una publicación que rápidamente captó repercusión nacional e incluso fue replicada por el presidente Javier Milei.
De acuerdo con la denuncia radicada en sede policial, dos integrantes del equipo político de La Libertad Avanza —identificados como Juan Aguilera y Lucio Ebru— sufrieron golpes de consideración. Lejos de calmarse la situación, la violencia escaló cuando los manifestantes y operadores políticos rodearon la comisaría local para impedir la salida del diputado y sus colaboradores, obligándolos a permanecer atrincherados bajo custodia policial.
El fantasma de la «vieja política» y los recursos del Estado
Desde el espacio libertario no tardaron en bautizar irónicamente a la gestión local y a sus métodos bajo la sombra de la «Adorni tucumana», criticando duramente el uso de estructuras y recursos públicos municipales para sostener grupos de choque e intimidación.
“No conformes con golpear a nuestra gente, amenazaron con quitarnos la vida si no nos íbamos”, sentenció Huesen, quien remarcó que estas prácticas responden al «feudalismo político» que busca silenciar a la oposición mediante el amedrentamiento.
Por su parte, desde la intendencia de Graneros intentaron despegarse de los graves incidentes y negaron cualquier tipo de vínculo institucional con las agresiones, a pesar de las múltiples evidencias y testimonios que señalan la presencia de funcionarios comunales en el lugar de los hechos.
El hecho ya se encuentra judicializado mientras crece la presión política para que el Gobierno provincial tome medidas ante el alarmante nivel de violencia institucional en el municipio.
