Una imagen que comenzó a circular vuelve a poner a Canal 10 de Tucumán en el centro de la polémica. El mensaje es contundente: “Tiene una deuda millonaria con los empleados del SATSAID”, mientras denuncia que la situación llevaría 13 meses y que no se estarían respetando los acuerdos paritarios.
El contraste resulta difícil de ignorar: mientras un medio de comunicación recibe recursos provenientes de la pauta publicitaria oficial —dinero que, en última instancia, forma parte del presupuesto público—, sus trabajadores denuncian una deuda salarial que se habría extendido durante meses.
La pregunta incómoda: ¿quién controla?
La pauta oficial no debería convertirse en un salvavidas permanente para empresas o medios que mantienen conflictos con sus propios trabajadores. En Tucumán existen procedimientos formales para solicitar publicidad oficial y, según la normativa publicada por organismos provinciales, las contrataciones deben contemplar aspectos como el monto, período, medio y características de la publicidad.
Además, la legislación tucumana establece principios de distribución plural, equitativa y no discriminatoria, junto con criterios de razonabilidad, eficacia y eficiencia en el uso de la publicidad oficial.
Por eso, el reclamo abre una discusión que excede a Canal 10 y al gremio: ¿qué controles existen sobre los medios que reciben fondos públicos? ¿Se verifica que cumplan sus obligaciones laborales? ¿Cuánto dinero público reciben y bajo qué criterios?
Pauta millonaria, trabajadores esperando.
La contradicción es el corazón del reclamo.
De un lado, un canal que continúa funcionando, produciendo contenidos y comercializando espacios publicitarios. Su propio sitio informa actualmente una amplia actividad periodística y comercial.
Del otro, trabajadores representados por SATSAID que, según la denuncia expuesta en la imagen, llevan 13 meses esperando el cumplimiento de acuerdos laborales.
Si hay dinero para sostener la pantalla, también debería haber respuestas para quienes hacen posible que esa pantalla salga al aire.
La discusión no es contra la existencia de la publicidad oficial. La pregunta es otra: si los tucumanos financian parte de esa pauta con sus impuestos, ¿quién garantiza que esos recursos se utilicen correctamente y que detrás de las cámaras no haya trabajadores esperando cobrar lo que les corresponde?
Porque cuando el dinero público entra por una puerta y por la otra aparecen denuncias de incumplimientos laborales, la transparencia deja de ser una consigna y se convierte en una obligación.
Canal 10 debería dar explicaciones. Y los organismos que autorizan la pauta oficial, también.
