En Tucumán, durante esta semana, dos estudiantes ingresaron con armas de fuego a establecimientos educativos. En uno de los casos, un adolescente de 14 años llevó un arma a la Escuela Congreso de Tucumán y se produjo un disparo dentro de un aula. No hubo heridos, pero el proyectil terminó impactando contra una pared. Al día siguiente, una estudiante de la Escuela N.º 110 de Los Gutiérrez, en Alderetes, ingresó con un arma en su mochila.
Según la información publicada por La Pluma Viral, la menor habría manifestado que lo hizo luego de recibir amenazas de compañeros.
Hay noticias que deberían obligarnos a detenernos y pensar, no porque haya que alimentar el miedo, sino porque algunos hechos son demasiado graves como para tratarlos como sucesos aislados. Dos incidentes con armas en menos de 48 horas encienden una alarma que no puede apagarse con declaraciones y comunicados.
¿Qué está pasando en las escuelas?
La escuela está recibiendo un problema que viene de afuera y pretender que ella sea la única responsable sería injusto. La violencia escolar se alimenta de muchos conflictos por los que pasan nuestros chicos en estos tiempos agitados. Pero que el problema tenga múltiples causas no significa que las instituciones queden paralizadas frente a sus consecuencias. La escuela es el lugar donde los chicos pasan buena parte de su día y por eso debe ser un espacio seguro.
No alcanza con enseñar Matemática, Lengua, Historia o Ciencias si un alumno llega al aula atravesado por una situación de violencia que nadie detectó a tiempo.
Reacción y prevención
Después de los hechos, las autoridades informaron que se activaron protocolos, que se dispuso acompañamiento para los estudiantes y que los equipos de orientación trabajan sobre los aspectos socioemocionales. También se realizaron reuniones entre las áreas de Educación y Seguridad. Son medidas necesarias, pero mucho más importante sería detectar previamente las situaciones que pueden desembocar en hechos de esta gravedad.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, sobre los episodios declaro que los chicos buscan “llamar la atención”. Y surge la pregunta inevitable que todos los tucumanos nos hacemos:
¿La ministra está minimizando una señal de alarma que necesita reacciones rápidas, pero, sobre todo, prevención?
Desde sectores de la oposición se pidió incluso su renuncia, argumentando que existe un deterioro más amplio del sistema educativo y cuestionando la respuesta oficial frente a los hechos de violencia.
El Estado responsable
Las familias tienen una responsabilidad en la crianza y el acompañamiento de los chicos, pero el Estado también tiene responsabilidades. Este tipo de incidentes no es solamente un asunto privado, es una cuestión institucional. Y cuando se repite, se convierte en un problema de política pública. Por eso, el Estado provincial debe tener herramientas concretas para prevenir, detectar y actuar.
En el caso de Alderetes, la información difundida señala que la estudiante habría recibido amenazas. Si un adolescente siente que necesita recurrir a una situación extrema para enfrentar una amenaza, algo falló antes. Y allí es donde la escuela, la familia y el Estado tienen que trabajar juntos.
Tomar cartas en el asunto
Tucumán necesita ante estos hechos una respuesta integral, que Educación y Seguridad trabajen juntas de manera permanente. Necesita revisar qué sucede con los conflictos entre estudiantes que muchas veces comienzan con amenazas, hostigamiento o agresiones y terminan creciendo hasta convertirse en situaciones mucho más graves.
No debemos normalizar la violencia; que no haya ocurrido una tragedia no significa que la situación sea normal; evitemos minimizar el problema con un “por suerte no pasó nada”.
Una sociedad responsable no puede diseñar sus políticas de educación y seguridad esperando tener suerte.
La escuela tiene que volver a ser un lugar donde los chicos puedan aprender sin miedo, los docentes tienen que poder enseñar sin sentirse desbordados. Las familias tienen que poder enviar a sus hijos a estudiar con la tranquilidad de que estarán protegidos.
Y el Estado tiene que garantizar esa seguridad, no es una opción, es una obligación.
